A poco más de un mes desde la asunción del nuevo Gobierno boliviano, la discusión sobre la subvención a los combustibles ha alcanzado un punto crucial, tanto en términos técnicos como sociales. Este subsidio, que representa un gasto fiscal considerable, ha provocado nuevamente desabastecimiento en algunas estaciones de servicio, generando un debate intenso dentro del sector del transporte y otros actores económicos.
El Ejecutivo ha reconocido que el esquema vigente de subsidios no es sostenible a largo plazo. Según cifras oficiales, el monto destinado a este beneficio puede representar hasta un 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Para el ejercicio fiscal 2025, el Presupuesto General del Estado asignó más de 15 mil millones de bolivianos, equivalentes a aproximadamente 2.177 millones de dólares, para cubrir la subvención de carburantes y sus insumos asociados. Sin embargo, para octubre ya se había utilizado cerca del 92% de este presupuesto, dejando escaso margen para el resto del año.
Frente a esta situación, las autoridades han anunciado la elaboración de una estrategia técnica que permita una reducción progresiva y focalizada del subsidio, con la intención de aplicar ajustes estructurales a partir de 2026. El objetivo es disminuir el gasto en la llamada “subvención ciega” y avanzar hacia mecanismos más eficientes que protejan a los sectores vulnerables y eviten presiones inflacionarias inmediatas.
En el ámbito del transporte, las opiniones están divididas. La mayoría de las organizaciones de choferes, tanto del transporte libre como federado, se oponen a la eliminación del subsidio, argumentando que esto podría aumentar significativamente el costo del pasaje urbano, llegando a superar los 7 bolivianos en ciudades importantes. Por otro lado, el sector del transporte pesado ha empezado a considerar la posibilidad de un retiro gradual del beneficio, siempre que se garantice el suministro constante y oportuno de diésel para sus operaciones.
El presidente de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez, advirtió que un levantamiento inmediato del subsidio podría desencadenar conflictos sociales hacia finales de año y provocar un aumento en los precios de los productos básicos. Por ello, propuso postergar el debate y abordarlo mediante mesas de trabajo que permitan encontrar soluciones consensuadas, evitando interrupciones en el servicio y asegurando la disponibilidad de combustibles. Pérez también mencionó que en los últimos días se han registrado nuevamente filas en estaciones de servicio del eje central debido a la falta de diésel, aunque aseguró que en la región de Tarija el suministro está garantizado.
A nivel nacional, la Confederación Nacional de Choferes ha manifestado su rechazo a la eliminación del subsidio en este momento, señalando que la medida no es viable hasta que la situación económica del país se estabilice. En contraste, representantes del transporte pesado, como Juan Yujra, califican la subvención como un problema grave para la economía nacional y una fuente principal del contrabando, por lo que solicitan su eliminación.
Más allá del sector transporte, otros actores económicos, como la Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos y representantes industriales, consideran que la subvención es la raíz estructural del desabastecimiento de combustibles. Estos sectores abogan por una “sinceración” de precios que permita normalizar la oferta interna. Algunos plantean la implementación de un sistema diferenciado en el que grandes empresas agroindustriales y mineras paguen precios internacionales por el combustible, mientras que la subvención se mantenga para pequeños productores y el transporte público, buscando un equilibrio entre eficiencia económica y protección social.
En resumen, el debate sobre la subvención a los carburantes en Bolivia se encuentra en un momento decisivo, con la necesidad de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal, la estabilidad económica y la protección de los sectores más vulnerables. El desafío para el Gobierno será diseñar e implementar un plan gradual y consensuado que permita avanzar hacia un modelo más eficiente sin generar impactos sociales negativos inmediatos
