Con la proximidad de las elecciones nacionales, el sector del transporte público en Tarija ha manifestado su preocupación ante las propuestas que contemplan una supresión total de los subsidios a los combustibles. Este gremio aboga por una implementación gradual de cualquier modificación en la política de subvenciones, enfatizando la necesidad de proteger la operatividad del servicio de transporte colectivo.
Representantes del sector subrayan el carácter social de su servicio, particularmente el de los microbuses, al ofrecer tarifas diferenciadas a segmentos vulnerables de la población, como estudiantes, universitarios y adultos mayores. Argumentan que, a diferencia de otros rubros comerciales que no aplican precios diferenciados por edad o condición, el transporte público asume una responsabilidad social que justifica el mantenimiento de apoyos económicos para beneficiar a los grupos más necesitados. Desde su perspectiva, entidades privadas y corporaciones de gran envergadura poseen la capacidad económica para afrontar los precios de mercado del combustible, dado que sus operaciones generan beneficios considerables.
Por consiguiente, el sector de transporte público de Tarija tiene previsto solicitar a las autoridades que asuman sus cargos tras los comicios del 17 de agosto, la continuidad de la subvención a los carburantes para su actividad. Esta medida se considera fundamental para prevenir un alza generalizada en los costos de vida que afectaría directamente a la ciudadanía.
Mirando hacia el futuro, se ha planteado la imperativa necesidad de que las futuras administraciones implementen una transformación profunda en la matriz energética del país. Entre las propuestas se incluye la reconversión de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) y la adopción de sistemas eléctricos, lo cual contribuiría a una disminución significativa del consumo de gasolina y diésel.
En una línea complementaria, el Comité Cívico de Tarija ha puesto sobre la mesa la reactivación del proyecto hidroeléctrico El Carrizal. Esta iniciativa, que promete beneficios para los departamentos de Tarija y Chuquisaca, busca no solo la generación de energía eléctrica, sino también el suministro de agua para fines de riego. Se calcula que la infraestructura de la represa podría alcanzar una capacidad de producción de aproximadamente 400 megavatios, cubriendo cerca del 20% de la demanda energética nacional. Adicionalmente, el plan incluye la edificación de canales para abastecer de agua a las comunidades del Chaco, con el propósito inicial de irrigar 10.000 hectáreas. La diversificación de la matriz energética no solo fortalecería la seguridad energética de Tarija, sino que también abriría nuevas vías para el desarrollo económico regional
