La Federación del Autotransporte 15 de Abril ha solicitado la visita del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ernesto Farfán, a la región para evaluar de manera directa el estado de los proyectos viales que presentan retrasos significativos. Este sector confía en que la presencia de un representante local en un puesto clave a nivel nacional contribuya a acelerar las obras pendientes, aunque la ABC ha reconocido que enfrenta una grave escasez de recursos, incluso para atender situaciones de emergencia.

El dirigente Gabriel Pérez destacó la necesidad urgente de que las autoridades nacionales inspeccionen la carretera hacia el Chaco, una vía esencial para el transporte de carga y pasajeros. Señaló que la actual coyuntura, con funcionarios originarios de la región en cargos estratégicos, representa una oportunidad para avanzar en proyectos que llevan años estancados. Además, expresó inquietud por el deterioro de varios tramos, especialmente con la llegada de la temporada de lluvias.

En días recientes, se realizó una inspección conjunta entre la Federación y la ABC en los tramos en construcción. Uno de ellos es el tramo Isiri–La Central, que presenta un avance físico del 25%, pese a que su finalización está programada para julio de 2026. Este proyecto enfrenta dificultades debido a retrasos en los pagos por parte del Gobierno Regional de Villa Montes. Otro tramo, Choere–Acheral, registra un progreso cercano al 80%, aunque aún requiere trabajos importantes y la empresa encargada se encuentra ajustada en términos de tiempo para cumplir con los plazos establecidos.

Por otra parte, desde la Región Autónoma del Chaco se han emitido llamados para que el Gobierno priorice obras estratégicas para la conectividad vial del sur del país, como la doble vía entre Yacuiba y Villa Montes, el túnel del Aguaragüe y la culminación de los proyectos en curso.

En cuanto a la situación financiera, la ABC atraviesa una etapa crítica. Ernesto Farfán informó que no disponen de fondos suficientes para atender emergencias viales ni para ejecutar intervenciones estructurales de gran escala. Por ejemplo, el presupuesto asignado para la conservación vial en áreas afectadas por la mazamorra en Santa Cruz es de apenas 3,5 millones de bolivianos, mientras que la reparación necesaria en Samaipata supera los 60 millones de bolivianos.

A nivel nacional, los contratos de mantenimiento vial suman aproximadamente 370 millones de bolivianos, pero los estudios técnicos indican que se requieren al menos 1.000 millones para implementar un programa eficaz que garantice mantenimiento continuo y respuesta inmediata ante emergencias. Además, la entidad carece de un mecanismo financiero ágil para intervenciones urgentes, ya que los procedimientos actuales son burocráticos y no cuentan con un fondo de contingencia, lo que retrasa la atención de daños causados por fenómenos climáticos extremos.

Pese a estas limitaciones, el presidente de la ABC informó que se ha iniciado la gestión de recursos adicionales en coordinación con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el fin de fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de la institución

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