El conflicto entre el sector del transporte urbano y el Gobierno se profundiza a raíz de la propuesta del denominado ‘seguro solidario’, una medida que busca atender los daños causados a los vehículos por la mala calidad de la gasolina distribuida en el país. Sin embargo, esta iniciativa gubernamental ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de los transportistas, especialmente en La Paz, debido a las limitaciones y condiciones que contempla el acuerdo presentado.
Esta propuesta establece que las reparaciones cubiertas por el seguro solo serán aquellas realizadas a partir de la fecha en que se suscriba el acuerdo. Además, plantea la habilitación de talleres específicos autorizados por el Estado donde los transportistas podrán acudir para realizar las reparaciones necesarias en sus motores afectados. No obstante, esta oferta ha generado una gran preocupación entre los conductores, quienes consideran insuficiente esta cobertura, pues deja fuera a quienes ya han tenido que asumir gastos importantes para reparar sus vehículos antes de la firma del convenio.
El dirigente Limberth Tancara, representante del transporte libre urbano en La Paz, ha expresado la insatisfacción del sector ante esta situación. Destacó que existe una fuerte susceptibilidad entre los transportistas debido a que el acuerdo no aborda de manera retroactiva las pérdidas económicas ya sufridas. Muchos conductores han tenido que desembolsar sumas significativas para mantener operativos sus vehículos afectados por la mala calidad del combustible; sin embargo, estas reparaciones no están contempladas dentro del ‘seguro solidario’. Esta omisión genera incertidumbre sobre si el Estado asumirá algún compromiso para resarcir o aliviar esos costos previos.
Otra cuestión que ha sido objeto de crítica es la falta de claridad en cuanto a qué tipo de atención mecánica se brindará y quién será responsable de cubrir los repuestos necesarios para las reparaciones. El documento entregado por el Gobierno menciona únicamente la provisión de “atención mecánica” en talleres estatales autorizados, pero no detalla si los repuestos serán costeados por el Estado o si recaerán nuevamente sobre los conductores. Esta ambigüedad añade un nivel más de preocupación entre los transportistas que han enfrentado gastos considerables, algunos incluso superiores a tres mil bolivianos, para mantener sus herramientas de trabajo funcionales.
Cabe señalar que este conflicto no es aislado ni exclusivo de La Paz. El Gobierno y las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) alcanzaron un principio de acuerdo con representantes del transporte en Santa Cruz. Sin embargo, este convenio no tiene validez ni repercusión directa en La Paz, donde las condiciones y problemáticas son similares pero aún no se ha firmado ningún acuerdo oficial. Los dirigentes paceños permanecen atentos al análisis jurídico que realizarán las federaciones para determinar los pasos a seguir ante esta situación.
El documento enviado por el Gobierno carece además de una invitación formal al diálogo o a una reunión para explicar con detalle cómo funcionará este ‘seguro solidario’. Esta falta de comunicación directa ha generado malestar entre los dirigentes del transporte urbano paceño, quienes insisten en la necesidad de un espacio abierto para negociar y resolver las inquietudes existentes.
En este contexto tenso y con un sector movilizado en estado de emergencia, los dirigentes han dejado claro que si no reciben respuestas satisfactorias y concretas por parte del Gobierno, están dispuestos a retomar las medidas de presión ya anunciadas. La situación pone en evidencia la compleja relación entre las autoridades y un sector clave para el transporte público urbano, afectado directamente por problemas relacionados con la calidad del combustible y la falta de apoyo estatal frente a los daños ocasionados.
La resolución definitiva sobre este conflicto dependerá tanto del diálogo como del compromiso gubernamental para atender integralmente las demandas del sector transportista, incluyendo el reconocimiento y reparación justa tanto para casos futuros como para aquellos perjudicados antes del establecimiento formal del ‘seguro solidario’. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre quienes dependen diariamente de sus vehículos para generar ingresos y sostener sus familias
