Un sector importante de los transportistas públicos en Perú ha decidido convocar a un paro nacional para el próximo jueves 12 de marzo, manifestando su descontento ante el incremento en los precios de los combustibles y las políticas que consideran ineficaces por parte del Gobierno. Esta protesta se produce en un contexto de crisis energética derivada del racionamiento del gas natural vehicular, consecuencia directa de una fuga seguida de una deflagración en un ducto del yacimiento de Camisea, ubicado en la selva amazónica de la región Cusco, al sureste del país.
La Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, junto a otros gremios del sector transporte, ha expresado su profunda preocupación por la falta de respuestas concretas y efectivas para enfrentar esta problemática que afecta no solo a los conductores sino también a toda la cadena productiva y comercial vinculada al transporte. Según sus declaraciones, esta situación ha alcanzado un punto crítico debido a la inseguridad económica y operativa que enfrentan diariamente, lo que ha motivado la convocatoria a esta medida de fuerza como mecanismo de presión para exigir soluciones inmediatas.
El anuncio del paro coincide con una semana en la que el Ejecutivo ha solicitado a la población un esfuerzo considerable para reducir el consumo energético. Entre las medidas anunciadas por el Gobierno se encuentran la implementación del teletrabajo y la realización de clases remotas en colegios y universidades, estrategias dirigidas a disminuir la demanda de gas natural mientras se trabaja en la reparación del ducto afectado. Las autoridades han previsto que el restablecimiento completo del suministro podría darse a partir del 14 de marzo, dos días después de la fecha programada para el paro.
Los transportistas han señalado que uno de los factores detonantes más graves es el aumento sostenido en los precios del diésel y las gasolinas, especialmente tras el racionamiento impuesto al gas natural vehicular (GNV), combustible fundamental para numerosos vehículos dedicados al transporte público. Además, se suma la escasez notoria tanto de gasolina Premium como Regular, utilizadas principalmente por vehículos particulares. En ciudades como Lima y Arequipa, se ha registrado un incremento significativo en los costos de estos combustibles, llegando incluso a duplicar su valor habitual. Este escenario ha provocado largas filas en las estaciones de servicio mientras miles intentan abastecerse ante la incertidumbre sobre la disponibilidad futura.
Las pérdidas económicas generadas por este incidente no solo afectan directamente a los transportistas sino que también impactan negativamente en diversas actividades industriales que dependen del suministro constante y accesible de combustibles. La falta prolongada o limitada disponibilidad ha ralentizado operaciones productivas esenciales, agravando aún más la situación económica local.
Como parte de sus demandas concretas para mitigar esta crisis, los gremios convocantes han planteado varias medidas urgentes. Entre ellas destacan la suspensión temporal del gravamen tributario que representa alrededor del 40 % sobre los combustibles, una acción que consideran necesaria para aliviar el costo operativo diario. Asimismo, solicitan reactivar el fondo de compensación destinado a enfrentar emergencias energéticas y proponen obtener una devolución parcial del pago realizado por peajes en carreteras nacionales como forma de resarcimiento frente al impacto económico sufrido.
Por su parte, desde el Gobierno se han realizado esfuerzos para contener el impacto inmediato. La presidenta del Consejo de Ministros supervisó personalmente las labores encaminadas a reparar el ducto dañado e informó sobre un aumento temporal en la capacidad diaria de suministro hasta 80 pies cúbicos por día. Esta medida está orientada a garantizar el abastecimiento prioritario para las ciudades más afectadas: Lima, Callao e Ica durante este periodo crítico.
Sin embargo, esta provisión prioriza exclusivamente al transporte público masivo y al consumo residencial. De manera significativa queda excluido el sector taxista que utiliza gas natural vehicular (GNV), lo cual ha generado mayor tensión dentro del gremio debido a su vulnerabilidad frente al racionamiento actual.
En suma, esta convocatoria al paro refleja un profundo malestar social entre quienes dependen directamente del combustible para su sustento diario y expone las dificultades estructurales presentes en la gestión energética nacional frente a emergencias imprevistas. La medida adoptada busca visibilizar estas problemáticas con mayor énfasis ante una población cuya movilidad cotidiana también está siendo afectada por estos incrementos y restricciones.
La situación energética actual pone sobre la mesa desafíos importantes respecto a políticas públicas dirigidas al manejo eficiente y sostenible de recursos críticos como el gas natural, así como las alternativas necesarias para proteger sectores económicos estratégicos ante contingencias similares futuras. Mientras tanto, tanto transportistas como usuarios siguen expectantes ante las negociaciones que puedan derivar en soluciones tangibles durante los próximos días
