A poco más de dos meses para el cierre de la actual gestión municipal y en medio de la campaña electoral que se desarrolla para las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo, tres capitales departamentales del país —Cobija, Potosí y Santa Cruz de la Sierra— enfrentan situaciones críticas que ponen en jaque la estabilidad y buen funcionamiento de sus respectivos gobiernos locales. Estos escenarios conflictivos, marcados por procesos judiciales y disputas políticas internas, generan un ambiente de incertidumbre institucional que impacta directamente en la administración local y en la preparación para la transición que deberá concretarse a partir del 4 de mayo.
En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada y con mayor peso económico del país, la detención preventiva del alcalde Jhonny Fernández ha desatado un intenso debate dentro del Concejo Municipal. Fernández fue enviado a prisión por un periodo inicial de 100 días como parte de una investigación conocida como caso Pavimento, que indaga posibles irregularidades en contratos públicos relacionados con obras de pavimentación urbana. Frente a esta situación, el Concejo Municipal ha convocado una sesión para analizar la conveniencia y mecanismos para designar un alcalde interino que pueda garantizar la continuidad administrativa del municipio durante el tiempo que dure la detención del titular. La presidencia del Concejo ha enfatizado que esta medida no busca remover al alcalde formalmente, sino asegurar que las tareas urgentes y los preparativos para la transición municipal cuenten con una autoridad ejecutiva activa. Sin embargo, desde el entorno de Fernández se mantiene la postura de que, pese a su detención preventiva, él conserva sus derechos políticos y sigue siendo el alcalde legítimo hasta que se defina su situación judicial.
En Cobija, capital del departamento de Pando, las tensiones también han estado presentes pero con un desenlace diferente. La alcaldesa Ana Lucía Reis fue aprehendida durante dos días debido a procesos judiciales relacionados con demandas laborales presentadas por exfuncionarios municipales que reclaman beneficios sociales y salarios atrasados. Su detención ocurrió cuando regresaba desde La Paz y fue trasladada al penal local Villa Busch. La liberación de Reis se concretó tras llegar a acuerdos mediante compromisos formales de pago progresivo por aproximadamente siete millones de bolivianos destinados a saldar obligaciones laborales pendientes. Este acuerdo fue posible gracias a gestiones realizadas por la Dirección Jurídica municipal. La alcaldesa al recuperar su libertad manifestó públicamente su agradecimiento hacia sus seguidores y compartió su experiencia personal sobre las condiciones carcelarias, lo cual le permitió reflexionar sobre las dificultades enfrentadas por quienes están privados de libertad.
La crisis institucional más profunda se vive en Potosí, donde una investigación penal ha derivado en una serie de aprehensiones entre los miembros del Concejo Municipal. Este proceso judicial se inició contra la alcaldesa Josefina Cruz Márquez y una concejala por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y leyes vigentes. Posteriormente, el Ministerio Público amplió las investigaciones e incluyó a varios concejales más bajo sospecha, ejecutando órdenes de aprehensión contra ellos debido a indicios suficientes sobre su posible involucramiento en los hechos investigados. La detención progresiva de estas autoridades municipales ha provocado un escenario sin precedentes: el Concejo no cuenta con quórum suficiente para llevar adelante sesiones ordinarias o extraordinarias, lo cual paraliza funciones clave dentro del gobierno local. Este contexto se agrava aún más si se considera que estos hechos suceden tras la renuncia del exalcalde Jhonny Llally, quien también estuvo envuelto en procesos judiciales e incluso pasó por detención preventiva antes de dimitir oficialmente argumentando motivos personales vinculados a dichas causas penales.
La actual alcaldesa sustituta Josefina Cruz Márquez asumió el cargo tras esa renuncia y deberá ejercerlo hasta concluir el periodo iniciado en 2021; sin embargo, su situación judicial pendiente complica aún más las perspectivas para una gestión estable. Las audiencias cautelares próximas definirán si los implicados permanecerán detenidos o si podrán continuar ejerciendo sus funciones públicas mientras se esclarecen los hechos investigados. En caso de mantenerse medidas restrictivas como la detención preventiva para varios concejales, será necesario convocar a suplentes para restablecer el quórum en el Concejo Municipal, lo cual podría modificar significativamente la composición política y dinámica interna del órgano legislativo local.
Estos conflictos judiciales y políticos en tres capitales departamentales reflejan un momento crítico para las administraciones municipales justo cuando se aproxima un cambio generacional tras las elecciones subnacionales. La tensión entre procesos legales abiertos contra autoridades electas y las exigencias administrativas urgentes pone en evidencia los desafíos institucionales que enfrentan estas ciudades para garantizar gobernabilidad efectiva durante esta etapa final del mandato actual y la transición hacia nuevas gestiones. Para los ciudadanos residentes en estas urbes significa vivir bajo gobiernos locales marcados por incertidumbre política e inestabilidad administrativa justo cuando deberían concentrarse esfuerzos en atender necesidades básicas y proyectos comunitarios prioritarios. El desarrollo adecuado del proceso electoral próximo y el manejo eficaz de estas crisis serán determinantes para restaurar confianza ciudadana y asegurar un relevo institucional ordenado en dichas capitales departamentales
