El pasado viernes se llevó a cabo una audiencia relacionada con una acción popular presentada contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El objetivo de esta acción era restablecer los derechos colectivos que, según los demandantes, habían sido vulnerados al convocar elecciones parciales para autoridades judiciales en cinco departamentos del país, programadas para el 15 de diciembre.
La Sala Constitucional de Tarija decidió no dar lugar a la tutela de la acción, lo que significa que las elecciones parciales continuarán en Tarija y en otros cuatro departamentos. La demanda fue impulsada por una organización de Yacuiba y la comunidad Guaraní, quienes argumentaron que la decisión del órgano electoral de llevar a cabo estas elecciones parciales no era válida.
Hernán Moreira, presidente de la Organización de Participación y Control Social en Yacuiba, comentó que durante la audiencia, la abogada del TSE solicitó el rechazo de la acción popular, alegando que las supuestas vulneraciones ya habían sido abordadas en sentencias anteriores. Tras escuchar a ambas partes, los vocales de la Sala Constitucional decidieron denegar la acción.
Moreira destacó que, tras esta resolución, se deberá esperar una revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, aunque este proceso podría tomar tiempo. La intención de la acción popular era que en los cinco departamentos donde se llevarán a cabo las elecciones judiciales parciales se pudiera elegir a todos los magistrados.
El dirigente expresó su descontento, señalando que las elecciones se llevarán a cabo de manera incompleta, lo que considera un perjuicio para el proceso democrático. En declaraciones anteriores, Moreira había mencionado que algunas Salas Constitucionales habían emitido sentencias que paralizaban el proceso electoral, en un acto que consideró como una violación del principio de soberanía del pueblo boliviano.
Se argumentó que la acción popular se presentó debido a la vulneración del derecho colectivo a elegir y ser elegido. Moreira subrayó que la decisión judicial actual limita el derecho de la ciudadanía a elegir a sus autoridades, especialmente considerando que ya se ha cumplido casi un año de prórroga para las actuales autoridades judiciales.
Además, se solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija que se garantizara el derecho al sufragio de la colectividad. Se recordó que para este proceso electoral se registraron ciudadanos que cumplieron 18 años, así como personas con discapacidad y adultos mayores, lo que implicó un gasto significativo en recursos para llevar a cabo las elecciones.
René Arebayo, dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasú, también expresó su preocupación, señalando que el pueblo indígena tiene sus propias normas y procedimientos, los cuales son reconocidos por el Estado boliviano. Arebayo argumentó que la prórroga de las autoridades judiciales afecta el funcionamiento del sistema judicial y que la acción popular se presentó para defender el derecho a elegir nuevas autoridades en el contexto de las elecciones parciales.
El dirigente advirtió que, al realizar elecciones parciales, se destinarían recursos económicos que podrían ser necesarios nuevamente en el futuro para un proceso electoral completo, lo que consideró un uso ineficiente de los fondos públicos
