Tres personas fueron enviadas con detención preventiva al penal de San Pedro de Oruro bajo investigación por un presunto caso de estafa masiva relacionado con la reventa fraudulenta de graderías durante el Carnaval de Oruro, uno de los eventos culturales más emblemáticos y concurridos del país. Según informó el fiscal departamental Aldo Morales, el perjuicio económico causado a las víctimas asciende a al menos 800.000 bolivianos, cifra que pone en evidencia la magnitud del fraude cometido en medio de una celebración que atrae a miles de asistentes cada año.
La Fiscalía Departamental de Oruro detalló que la modalidad delictiva consistió en vender una misma gradería a múltiples personas, generando confusión y un daño económico considerable para quienes adquirieron entradas legítimas. Este esquema no solo afectó la experiencia festiva, sino que también provocó un caos significativo entre los asistentes al evento, quienes se encontraron con la imposibilidad de acceder a las graderías pese a contar con comprobantes válidos y manillas oficiales. Estos incidentes ocurrieron en un contexto donde la venta y distribución de espacios para presenciar el Carnaval deben estar reguladas y controladas para evitar justamente este tipo de irregularidades.
Las investigaciones realizadas por las autoridades sugieren que no se trata de hechos aislados ni fortuitos, sino que existe una estructura organizada detrás del fraude. Esta organización habría operado comprando metros lineales de graderías, armándolas y luego revendiendo los espacios fraudulentamente a diferentes compradores. La complejidad y premeditación del esquema delictivo implican un nivel de planificación que va más allá de una simple estafa individual, lo cual agrava el impacto sobre la comunidad carnavalesca y pone en riesgo la confianza en los procesos organizativos del evento.
Durante los operativos desplegados por las fuerzas del orden, se logró incautar parte del dinero recaudado ilegalmente así como recibos entregados a las víctimas durante las transacciones fraudulentas. Esta acción permitió iniciar la devolución parcial de los montos a algunos afectados; sin embargo, persiste un porcentaje considerable del dinero que aún no ha sido restituido, lo cual mantiene viva la preocupación entre quienes confiaron en adquirir sus entradas con antelación para disfrutar plenamente del Carnaval.
El caso salió a la luz luego de que varios jóvenes denunciaran públicamente su situación tras quedar impedidos de ingresar a las graderías pese a haber realizado pagos mediante transferencias QR y contar con manillas oficiales. En el día clave del evento, estos asistentes fueron informados abruptamente que las graderías habían sido desarmadas, dejándolos sin acceso al espectáculo. Este episodio no solo generó indignación sino también desconcierto entre los afectados y el público general, reflejando una vulnerabilidad importante en los mecanismos actuales para garantizar la seguridad y transparencia en la venta de espacios dentro del Carnaval.
Los tres sospechosos fueron detenidos inicialmente y trasladados a dependencias especializadas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para continuar con las investigaciones. Tras esta fase inicial, se dictó detención preventiva para los implicados en el penal San Pedro, asegurando así su disponibilidad durante el proceso judicial. La Fiscalía ha advertido que las pesquisas continúan activamente y no descarta nuevas aprehensiones ni ampliar el proceso penal conforme se identifiquen más involucrados o se obtenga mayor evidencia sobre esta red dedicada al fraude.
Este caso pone en alerta tanto a organizadores como a autoridades sobre la necesidad imperante de fortalecer los controles en eventos masivos como el Carnaval de Oruro, donde convergen tradiciones culturales profundas y grandes movilizaciones económicas. La confianza pública es fundamental para mantener viva esta celebración considerada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, por lo que garantizar transparencia y justicia frente a hechos como este es clave para preservar la integridad del evento y proteger los derechos e intereses económicos de sus miles de asistentes cada año
