El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N.º 1 de Sacaba dictó una condena ejemplar contra Osmar Negretty Quiruchi, de 29 años, al imponerle una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto por el delito de feminicidio en perjuicio de su concubina, Nelly Villarroel Huanca, quien tenía 27 años. Esta decisión judicial representa un paso significativo en la lucha contra la violencia de género, al aplicar la máxima sanción prevista en la legislación para este tipo de crímenes. La sentencia establece que Negretty deberá cumplir su condena en el penal de El Abra, ubicado en Cochabamba.
El proceso judicial estuvo respaldado por una investigación exhaustiva liderada por el Ministerio Público, que logró reunir pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad del acusado. Entre los elementos clave que sustentaron la acusación se encuentran técnicas avanzadas como la triangulación y geoposicionamiento de llamadas telefónicas, que ubicaron con precisión a Negretty en el lugar del crimen. Además, las declaraciones de testigos fueron fundamentales para corroborar los hechos y fortalecer el caso presentado ante el tribunal.
El hecho criminal ocurrió el 12 de marzo de 2024 en el domicilio compartido por la pareja en Sacaba. Tras la desaparición de Nelly, se activó una denuncia debido a la ausencia prolongada y falta de contacto con sus familiares. El acusado intentó manipular la investigación mediante un elaborado engaño: envió mensajes desde el teléfono celular de Nelly para hacer creer a sus parientes que ella había viajado a Chile. Esta estrategia buscaba desviar las sospechas y obstaculizar las pesquisas policiales.
No obstante, las autoridades lograron desentrañar esta coartada gracias a pericias especializadas realizadas por expertos en Cibercrimen. Se determinó que los mensajes enviados tras la desaparición provinieron efectivamente del dispositivo vinculado a Negretty y que este no abandonó territorio cochabambino, lo cual desmontó definitivamente el intento de simular un traslado internacional.
La investigación policial tuvo un giro crucial cuando, el 24 de marzo, agentes encontraron restos humanos en una laguna del área San Isidro, en Sacaba. Entre estos restos se halló un cráneo que fue identificado como perteneciente a Nelly Villarroel mediante análisis físicos y objetos personales recuperados junto al cuerpo. Este hallazgo confirmó el desenlace fatal del caso y permitió avanzar hacia la imputación formal del acusado.
Durante el proceso también se produjo una situación compleja relacionada con otro implicado inicialmente: Tony Incapuna Herbas. Él fue detenido y pasó cuatro meses encarcelado bajo sospecha de complicidad en el feminicidio debido a un error administrativo en un informe policial que atribuía a su nombre un chip telefónico vinculado a Nelly. Esta circunstancia llevó a su imputación provisional mientras se desarrollaban las investigaciones.
Posteriormente, un informe emitido por una empresa telefónica clarificó que el chip estaba registrado efectivamente a nombre de Nelly Villarroel Huanca, lo que llevó a desestimar las acusaciones contra Tony Incapuna Herbas y su exclusión del proceso penal. Este episodio revela algunas dificultades iniciales en la gestión investigativa pero también evidencia los mecanismos existentes para corregir errores y garantizar justicia.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa la gravedad del problema estructural que representa la violencia contra las mujeres en Bolivia y subraya la importancia de contar con sistemas judiciales efectivos y rigurosos para sancionar estos delitos con todo el peso legal posible. La condena impuesta no solo busca castigar al responsable sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia social hacia estas conductas criminales.
Para las familias afectadas por este tipo de tragedias resulta fundamental contar con procesos transparentes y resultados justos que contribuyan a reparar parcialmente el daño sufrido. Asimismo, para la sociedad es crucial seguir fortaleciendo políticas públicas orientadas a prevenir hechos similares mediante educación, sensibilización y protección integral hacia las mujeres.
En resumen, este fallo judicial marca un precedente importante dentro del contexto local al aplicar una pena máxima sin posibilidad de indulto para un feminicidio comprobado con evidencias irrefutables. La resolución refleja tanto el compromiso institucional como los desafíos existentes para enfrentar eficazmente uno de los problemas más urgentes vinculados a los derechos humanos y seguridad ciudadana en Bolivia
