La institución policial boliviana ha implementado severas medidas disciplinarias, resultando en la separación definitiva de casi tres centenares de uniformados durante el presente año. Estas acciones responden a graves infracciones al código de conducta interno y a sospechas de participación en actividades ilícitas. Además de estas expulsiones, un número ligeramente mayor de agentes ha sido suspendido temporalmente de sus funciones.
La agilidad en la aplicación de estas sanciones se atribuye, en gran parte, a la creciente participación ciudadana, cuyas denuncias, a menudo vehiculizadas a través de plataformas digitales, han sido fundamentales para iniciar y acelerar las investigaciones internas. Este mecanismo ha permitido a la institución tomar medidas correctivas con mayor prontitud.
La celeridad en la resolución de los expedientes disciplinarios ha sido una característica distintiva de la gestión actual. Un claro ejemplo de esta eficacia es el caso de cinco agentes bolivianos involucrados en narcotráfico y detenidos en Chile; su proceso interno culminó con la expulsión definitiva en un lapso inferior a un mes. De igual forma, se registraron dos incidentes recientes en Santa Cruz, donde efectivos policiales fueron sorprendidos perpetrando asaltos y sustracciones de teléfonos móviles con el uso de armas de fuego. Estos actos resultaron en la apertura de procesos disciplinarios y su inmediata separación de la institución.
Es fundamental destacar que todas las medidas disciplinarias se ejecutan en estricto apego a la Ley 101, que rige el Régimen Disciplinario de la Policía, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de los implicados. La aplicación de estas normativas no obedece a criterios personales, sino a la firme determinación de sancionar cualquier conducta que contravenga el reglamento, evidenciando así la operatividad y eficacia del sistema disciplinario.
El propósito primordial de estas acciones es restaurar la credibilidad pública en la fuerza policial y proyectar una señal inequívoca de cero tolerancia hacia la corrupción dentro de sus filas. Se subraya que cualquier agente que transgreda la normativa institucional enfrentará las sanciones pertinentes
