El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reafirmó su postura firme ante las demandas que buscan revertir la anulación de los partidos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), junto con sus alianzas y candidatos, quienes quedaron excluidos de las elecciones subnacionales. Esta decisión ha generado un creciente descontento en diversas regiones del país, no solo entre los postulantes directamente afectados de estas organizaciones políticas, sino también entre otros partidos que, mediante protestas, han advertido que si no se habilita a sus candidatos, no garantizan la realización de los comicios en sus respectivas jurisdicciones.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, enfatizó que su institución no está dispuesta a incurrir en ninguna irregularidad ni violar la ley. Subrayó que el marco constitucional y legal es el que debe regir el accionar del tribunal electoral y debería ser respetado por todas las autoridades involucradas. La anulación de la personería jurídica de ADN y UCS se fundamenta en los resultados de las elecciones generales de 2025, donde ambas organizaciones políticas no alcanzaron el umbral mínimo del 3% de votos requerido para mantenerse vigentes. Este proceso estuvo temporalmente suspendido debido a un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, pero finalmente se ha ratificado su exclusión.
Sin embargo, la controversia no se limita únicamente a estas dos agrupaciones. En municipios importantes como San Ignacio, en Santa Cruz, y Teoponte, en La Paz, militantes de otros partidos como Libre y Movimiento Tercer Sistema (MTS) han protagonizado protestas para exigir la habilitación de sus candidatos. En San Ignacio, seguidores de Libre bloquearon la ruta principal hacia la capital cruceña para presionar al Tribunal Electoral Departamental a que permita la participación electoral de Cristian Méndez. Méndez sostiene que cumplió con todos los requisitos documentales exigidos para su postulación y desconoce las razones formales que motivaron su inhabilitación.
En paralelo, en La Paz, activistas del MTS junto con organizaciones sociales del municipio de Teoponte tomaron las calles frente al TSE para demandar la habilitación del aspirante Genaro Monge Hanco. El abogado asesor del MTS denunció una irregularidad específica: la desaparición del certificado de no violencia dentro del expediente de inscripción de Monge. Ante esta situación, anunciaron que recurrirán a un Amparo Constitucional si no se autoriza la participación del candidato y advirtieron que esto podría poner en riesgo la realización misma de las elecciones subnacionales en dicha localidad.
La crisis política derivada de estas decisiones electorales ha escalado hasta involucrar al propio presidente del Estado. Rafael Quispe, ex candidato a gobernador por UCS que quedó fuera por la anulación del partido, envió una carta formal al mandatario solicitando la destitución inmediata del presidente del TSE. Quispe argumenta que Gustavo Ávila ha excedido su periodo legal como vocal electoral; según él, Ávila asumió funciones tras sustituir a otra vocal y ya cumplió seis años en el cargo desde diciembre de 2025 sin posibilidad legal de reelección. Esta situación implicaría un supuesto autoprorrogamiento ilegal.
Además, Quispe remitió dos comunicaciones oficiales al presidente del TSE pidiendo información detallada sobre el acto administrativo vigente que respalda su designación como vocal y una explicación documentada sobre el proceso y causales específicas que motivaron su inhabilitación como candidato a gobernador. En caso de no recibir respuestas satisfactorias, anunció que recurrirá a mecanismos legales constitucionales para defender sus derechos políticos.
Por otro lado, Quispe confirmó una próxima reunión convocada por el vicepresidente Edmand Lara dirigida a líderes y candidatos de partidos anulados para coordinar acciones conjuntas contra las decisiones tomadas por el TSE. Esta convocatoria busca abordar lo que califican como una violación a derechos humanos y políticos fundamentales. El ex candidato dejó claro que asistirá a este encuentro respaldando esta causa desde su condición política más amplia y resaltó la intención oficializada por Lara para conformar una comisión investigadora sobre esta problemática.
Este escenario refleja un clima tenso e incierto respecto al desarrollo electoral subnacional en varias regiones del país. El rechazo frontal por parte del órgano electoral contrasta con las movilizaciones sociales y políticas impulsadas por diversos sectores afectados o simpatizantes. La disputa gira en torno al cumplimiento estricto o flexibilización interpretativa del marco normativo electoral vigente, cuyo desenlace tendrá implicaciones directas sobre la legitimidad y transparencia del proceso democrático local próximo a celebrarse.
La población involucrada enfrenta así un contexto complejo donde convergen aspectos legales, políticos e institucionales sensibles que ponen en juego no solo candidaturas particulares sino también principios fundamentales relacionados con el derecho al sufragio y representación política local. La resolución definitiva determinará si se mantienen vigentes los lineamientos actuales o si habrá cambios significativos para garantizar mayor inclusión política ante demandas sociales expresadas desde distintos puntos territoriales
