Con la inminente instalación de la nueva Asamblea Legislativa el próximo 8 de noviembre, la situación de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que permanecen en sus cargos desde la elección judicial del 3 de diciembre de 2017, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. Diversas corrientes de opinión han emergido para abordar este prolongado mandato.
Una de las propuestas sugiere que el nuevo órgano legislativo elabore y apruebe una ley para convocar a una elección judicial complementaria, tal como ha sido solicitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y cuenta con el respaldo del propio TCP. Otra vía contempla que la Cumbre de Justicia, programada para los días 9 y 10 de noviembre en Sucre, sirva como plataforma para reformar la modalidad de elección de los magistrados. Finalmente, una tercera alternativa plantea reincorporar en la agenda legislativa un proyecto de ley que suspenda de sus funciones a los cinco magistrados del TCP, permitiendo que sus vacantes sean ocupadas por los magistrados suplentes. De concretarse esta última opción, no sería necesaria una nueva convocatoria para un proceso de selección y elección de postulantes, liberando a las autoridades del nuevo periodo constitucional 2025-2030 para concentrarse en la ejecución de una reforma estructural de la justicia, conforme a sus promesas de campaña.
Desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, el magistrado presidente Gonzalo Miguel Hurtado ha mantenido una postura firme. Ha declarado que él y sus cuatro colegas continuarán en sus puestos hasta que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que convoque a la elección judicial complementaria. El magistrado ha enfatizado que una declaración constitucional emitida por el Tribunal señaló de manera inequívoca que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe llevar a cabo una preselección y selección de postulantes, previa concertación de un reglamento de convocatoria.
En noviembre de 2024, en medio de un proceso de preselección y selección de postulantes al Órgano Judicial y al TCP que enfrentó diversas dificultades, los magistrados del Tribunal Constitucional emitieron dos sentencias constitucionales, la 770 y la 777. Estas resoluciones declararon desierta la convocatoria de elecciones judiciales para magistrados del TCP en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Cochabamba, así como para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando. Adicionalmente, la declaración constitucional instruyó al Legislativo a realizar una nueva convocatoria para elecciones complementarias. A pesar de esta disposición, ha transcurrido un año sin que la Asamblea saliente abordara el proceso de las judiciales complementarias, concluyendo su mandato sin resolver la cuestión. El magistrado Hurtado ha reafirmado que la Constitución Política del Estado establece el voto como la forma democrática para la designación de autoridades, y por tanto, el Órgano Legislativo debe convocar a una preselección, considerándolo el mecanismo apropiado.
El nuevo gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, y los flamantes asambleístas que se preparan para asumir sus curules, presentan diversos enfoques. Estos van desde la implementación de cambios estructurales en todo el sistema judicial y, por ende, en la forma de elegir a los altos magistrados y jueces, hasta la puesta en vigencia de una ley promulgada en 2024 que prioriza la suspensión de los cinco magistrados del TCP, quienes están próximos a cumplir nueve años en el cargo, y la habilitación de los suplentes de los tribunos electos en diciembre de 2024 como titulares.
A pesar de las distintas opiniones y corrientes, existe un consenso en que la resolución de este tema es una de las prioridades para el nuevo Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, se reconoce que la crisis económica, manifestada en la escasez de combustibles y la falta de dólares, representa una urgencia aún mayor que la cuestión judicial.
El diputado Carlos Alarcón, quien finaliza su gestión con Comunidad Ciudadana e inicia un nuevo periodo con la alianza Unidad, ha recordado la existencia de una ley aprobada y sancionada por el Legislativo y promulgada en 2024. Se trata de la Ley 075, que establece el cese de mandato de los magistrados autoprorrogados del TCP y del TSJ. Alarcón, quien fue el proyectista de esta ley, ha manifestado la necesidad de ponerla en vigencia para que, una vez publicada en la Gaceta Oficial, los magistrados actuales cesen en sus funciones y rindan cuentas.
La Ley 075 fue promulgada el 19 de noviembre de 2024 por Andrónico Rodríguez, entonces presidente saliente del Senado, quien asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa en ausencia del presidente Luis Arce y con la presidencia en ejercicio de David Choquehuanca. En ese momento, Rodríguez afirmó que con la promulgación de la Ley 075 se restablecía la plena vigencia de los artículos 183, 188 y 200 de la Constitución Política, con el objetivo de cesar en sus funciones a las autoridades que se habían prorrogado, cuyas funciones, según su declaración, habían concluido en enero de 2024.
En cuanto a cómo se cubrirían las cinco acefalías resultantes, el diputado Alarcón ha explicado que los cuatro suplentes elegidos deberían sesionar con los cuatro titulares, conformando así un Tribunal Constitucional con ocho magistrados elegidos por voto popular.
Por su parte, el diputado José Luis Porcel, quien inicia una nueva gestión con Libre, considera que la solución a este asunto pasa por que el Legislativo retome el tratamiento para el cese de los magistrados, o bien que la Cumbre de Justicia anunciada por el presidente Paz aborde también la situación de estos tribunos. Ha expresado que sería muy oportuno tratar este tema y buscar una solución a corto plazo para contar con magistrados electos y un Tribunal Constitucional conformado democráticamente.
Finalmente, el diputado Rodrigo Antonio, también de Libre, sostiene que la cuestión se resuelve convocando a elecciones judiciales complementarias y, de forma paralela, impulsando una reforma constitucional para modificar la forma de elegir a los altos magistrados. Para él, esta es una tarea urgente que debe ser atendida para garantizar la institucionalidad en el país
