El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dado un paso firme para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a una práctica irregular que ha generado preocupación y malestar en la población. Se trata del registro no autorizado de personas como militantes de diversas organizaciones políticas, un procedimiento que, según lo informado por el órgano electoral, vulnera la normativa vigente y atenta contra la privacidad y el consentimiento individual.
La situación salió a la luz cuando numerosos ciudadanos, al ingresar a la aplicación oficial ‘Yo Participo’ para verificar si habían sido sorteados como jurados electorales, descubrieron con sorpresa que aparecían inscritos como militantes de partidos o movimientos políticos sin haber dado su autorización ni siquiera tener conocimiento de tal afiliación. Este hallazgo puso en alerta al TSE, que inmediatamente calificó esta práctica como una violación grave a los derechos ciudadanos y anunció acciones legales contundentes.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, enfatizó que el organismo no tolerará estas irregularidades. Tras analizar los antecedentes en sesión plenaria, el Tribunal decidió remitir las denuncias al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes. La intención es esclarecer cómo se produjo este registro masivo sin consentimiento y determinar responsabilidades penales contra quienes resulten implicados. Ávila subrayó que es imprescindible frenar el uso indebido de datos personales y la manipulación de firmas que afectan directamente la transparencia del proceso electoral.
Este problema ha afectado a personas inscritas en diversas organizaciones políticas con presencia en el ámbito nacional y departamental. Entre las agrupaciones mencionadas por los afectados figuran el Movimiento Por la Soberanía (MPS), con base en La Paz; el Movimiento Al Socialismo (MAS); Ciudad Humana, que postula al candidato César Dockweiler; y el Movimiento Vida (Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico), impulsor de la candidatura de Fernando Valencia a la Alcaldía paceña. La denuncia pública se ha multiplicado mediante redes sociales, donde usuarios compartieron evidencias como capturas de pantalla obtenidas en ‘Yo Participo’, mostrando su inscripción sin consentimiento.
La reacción ciudadana fue inmediata y palpable en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED) en La Paz, donde desde días previos cientos de personas acudieron no solo para cumplir con su deber cívico o presentar excusas relacionadas con el sorteo de jurados electorales, sino también para solicitar formalmente la anulación de su militancia política desconocida. Este fenómeno evidenció un uso indebido y posiblemente fraudulento de datos personales resguardados por entidades oficiales como el Servicio General de Identificación Personal (Serecí).
Ante esta situación inédita y preocupante, el TSE ha habilitado un procedimiento específico para que quienes resulten afectados puedan solicitar la anulación del registro indebido. El trámite debe realizarse personalmente o mediante poder notarial a través del mismo sistema digital ‘Yo Participo’, llenando un formulario donde se deben consignar todos los datos personales junto con la identificación clara del partido o movimiento político involucrado. Posteriormente, este requerimiento debe presentarse físicamente en Secretaría de Cámara del TSE si se trata de organizaciones nacionales; para agrupaciones ciudadanas locales, el trámite corresponde ante el tribunal electoral departamental correspondiente al lugar donde figura registrado el ciudadano.
Esta medida busca garantizar que ningún individuo quede vinculado a una organización política sin su voluntad expresa y que se restablezca la confianza en los procesos electorales bajo principios de transparencia y legalidad. Además, representa un llamado claro a todas las agrupaciones políticas para respetar escrupulosamente los derechos ciudadanos y evitar prácticas fraudulentas destinadas a “inflar” artificialmente sus listas internas o aparentar mayor respaldo popular.
La acción decidida del Tribunal Supremo Electoral refleja una preocupación institucional por mantener la integridad electoral y proteger los datos personales frente a posibles abusos. La apertura a investigar penalmente estos hechos marca un precedente importante en materia electoral, señalando que cualquier infracción será sancionada conforme a la ley vigente. Para los ciudadanos afectados representa una garantía adicional frente a posibles manipulaciones e irregularidades dentro del sistema político.
En conclusión, este episodio pone sobre la mesa desafíos relevantes relacionados con la protección de datos personales en contextos electorales y reafirma la necesidad imperiosa de mecanismos efectivos para asegurar que toda inscripción política sea producto exclusivo del consentimiento informado del individuo. El compromiso expresado por el TSE apunta hacia una mayor vigilancia institucional sobre las prácticas partidarias y hacia fortalecer los derechos democráticos fundamentales dentro del país
