En respuesta al escalamiento de las tensiones sociales y las movilizaciones que se registran en diversas zonas del país, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha anunciado la adopción de medidas preventivas. Estas disposiciones buscan salvaguardar la seguridad e integridad física de los magistrados, jueces, personal administrativo y los ciudadanos que requieren acceder a los servicios judiciales en aquellas áreas identificadas como de mayor riesgo.
La decisión fue concertada tras una sesión conjunta de la Sala Plena del TSJ con el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Durante este encuentro, celebrado el 10 de junio, las máximas autoridades del órgano judicial llevaron a cabo una evaluación exhaustiva de la situación prevaleciente en regiones particularmente afectadas por la conflictividad, mencionando específicamente el trópico del departamento de Cochabamba y Potosí.
El presidente en ejercicio del TSJ, Carlos Alberto Égüez Áñez, reconoció que el sistema judicial no es ajeno a los desafíos que enfrenta el país y subrayó la necesidad de considerar el impacto de los conflictos en la operatividad de los tribunales y la seguridad de quienes interactúan con ellos.
Como parte de las acciones iniciales, se han cursado comunicaciones formales dirigidas a la Policía Boliviana y al Ministerio de Gobierno, solicitando el refuerzo del resguardo y la seguridad en las jurisdicciones consideradas más vulnerables, como el Chapare.
Asimismo, se contempla la posibilidad de implementar mecanismos de contingencia, similares a los activados durante la pandemia de covid-19, que podrían incluir la modalidad de trabajo a distancia o la suspensión temporal de la atención presencial en aquellas sedes judiciales donde la situación de riesgo lo amerite. El propósito es asegurar la continuidad del servicio de administración de justicia y el acceso de la población, priorizando simultáneamente la protección de la vida de los funcionarios y usuarios.
El Tribunal Supremo de Justicia reafirma su compromiso de mantener la prestación del servicio judicial en todo el territorio nacional, adaptándose a las circunstancias de un contexto social complejo y en constante evolución
