Desde la bancada de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) en Santa Cruz de la Sierra, se ha expresado una postura clara y contundente respecto a la situación del alcalde Jhonny Fernández, quien actualmente cumple detención preventiva en el marco del denominado caso pavimento. Los representantes de esta agrupación política han manifestado que no existe fundamento legal para proceder con el nombramiento de un alcalde interino mientras Fernández permanece privado de su libertad de manera preventiva.
La concejala Gabriela Garzón, en representación de UCS, ha calificado como “descabellado” cualquier intento de designar un reemplazo temporal para la autoridad municipal sin que exista una resolución judicial que avale tal medida. Su argumento se basa en precedentes legales y administrativos observados en otros municipios del departamento cruceño, como Warnes y Cotoca, donde a pesar de la ausencia temporal o dificultades legales que enfrentaron sus alcaldes, no se declaró formalmente la sucesión ni se nombró a un alcalde interino.
Este planteamiento subraya la importancia del respeto al debido proceso y a las normativas vigentes que regulan el ejercicio del poder local. Según Garzón, Jhonny Fernández continúa siendo el alcalde legítimo porque no hay ninguna disposición judicial que haya ordenado lo contrario. Este punto resulta fundamental para evitar decisiones apresuradas o sin respaldo legal que puedan generar conflictos institucionales dentro del municipio.
El contexto actual gira en torno al caso pavimento, un proceso judicial que implica a Fernández y que ha derivado en su detención preventiva en Palmasola. Mientras tanto, desde la bancada UCS insisten en mantener la institucionalidad y respetar los tiempos y procedimientos establecidos por la justicia antes de tomar medidas administrativas extraordinarias dentro del gobierno local.
Esta postura tiene implicaciones directas para la gobernabilidad municipal y para la percepción ciudadana sobre cómo se manejan las crisis políticas y judiciales en Santa Cruz de la Sierra. La negativa a nombrar un alcalde interino sin una orden judicial refleja una preocupación por preservar el marco normativo vigente y evitar interpretaciones arbitrarias que puedan debilitar la autoridad democrática elegida por voto popular.
En este escenario, las autoridades municipales y los actores políticos deberán esperar el desarrollo del proceso judicial para definir con claridad los pasos a seguir. La situación mantiene en vilo a los habitantes de Santa Cruz, quienes observan atentamente cómo se resuelve esta cuestión crucial para el liderazgo local y el funcionamiento diario del gobierno municipal. Mientras tanto, la defensa de Jhonny Fernández ha anunciado su intención de apelar la medida de detención preventiva, lo que prolongará el debate jurídico sobre su situación personal y administrativa
