La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) lleva a cabo un exhaustivo rastreo patrimonial en las cuentas bancarias de 72 personas vinculadas a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Entre los involucrados se encuentran los hijos del expresidente Luis Arce, Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira, así como el propio exmandatario.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, confirmó que su cartera solicitó a la UIF los informes correspondientes en el marco de las investigaciones abiertas por denuncias recibidas. Hasta el momento, se han requerido 72 informes patrimoniales que están pendientes de entrega, con la expectativa de contar con los resultados en los próximos días.
El seguimiento patrimonial a los hijos de Arce se vincula a diversas investigaciones por corrupción y presunto enriquecimiento ilícito con recursos del Estado. Tras el cambio de Gobierno en noviembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz ordenó una auditoría general en todas las entidades estatales, revelando un panorama con múltiples casos de corrupción que involucraban a exautoridades y sus allegados.
Este rastreo es fundamental para las acciones de Transparencia, ya que permitirá presentar denuncias formales por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con impacto en el Estado. Según García, entre los investigados hay exautoridades y personas cercanas a ellas, aunque no se han divulgado detalles específicos debido a la reserva de la información.
En cuanto a los hijos de Arce, ambos están bajo investigación por distintos casos y en diferentes etapas procesales. Marcelo Arce Mosqueira es indagado por su presunta participación en entidades estatales del sector hidrocarburos, mientras que Ernesto Rafael enfrenta al menos tres procesos penales por corrupción, incluyendo la compra irregular de un terreno por 3.3 millones de dólares, la detección de un patrimonio inusual valorado en más de 755 mil dólares y movimientos económicos millonarios durante la gestión anterior.
El 22 de enero estaba programada una audiencia para medidas cautelares contra Ernesto Rafael Arce Mosqueira, quien no se presentó ni justificó su ausencia, lo que llevó a que se le declare en rebeldía y se emitiera una orden de aprehensión. Además, se solicitó a Interpol la activación del sello rojo para su captura, lo que autoriza la detención internacional sin importar su ubicación.
Por su parte, la investigación contra Marcelo Arce se encuentra en una fase inicial, sin establecer aún su grado de implicación. El viceministro señaló que se está realizando un rastreo patrimonial relacionado con su rol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde supuestamente operaba desde un espacio exclusivo para tomar decisiones sobre recursos públicos en hidrocarburos.
Finalmente, la autoridad instó a quienes tengan información sobre estos hechos, ya sean funcionarios, técnicos o miembros de comisiones vinculadas, a colaborar con las investigaciones, garantizando protección para testigos y víctimas. Se espera que, a medida que avance la pesquisa, se documenten de forma clara los nexos y responsabilidades en los casos relacionados con el sector hidrocarburos y otros ámbitos estatales
