En Villa Montes, un conflicto ha surgido en torno al proyecto de canalización de la quebrada Peña Colorada, cuyo costo supera los 14 millones de bolivianos y cuya entrega estaba programada para mediados de octubre. Las obras se encuentran paralizadas debido a disputas con propietarios colindantes, entre ellos la familia Paz Valverde, quienes se oponen al desvío del cauce natural que afecta sus terrenos.
La controversia se intensificó cuando se reveló que el trazado original de la quebrada atraviesa terrenos que, según documentos presentados por el abogado Marcos Padilla, pertenecerían a la esposa del alcalde de Villa Montes, Rubén Vaca. Padilla denunció que dichos terrenos han sido loteados y vendidos a funcionarios municipales, quienes estarían pagando mediante descuentos en planilla, lo que genera un conflicto de intereses en la gestión del proyecto.
El representante legal de la familia afectada señaló que esta disputa ha dado lugar a al menos nueve procesos judiciales, tanto penales como civiles, en contra de los Paz Valverde, todos resueltos favorablemente para ellos. Sin embargo, se ha informado sobre la apertura de nuevos casos, lo que ha sido interpretado como una acción persistente por parte de la autoridad municipal para presionar a esta familia.
Además, se cuestiona la validez de la licencia ambiental otorgada por el Viceministerio de Medio Ambiente, catalogada como de categoría tres, que implica un impacto ambiental mínimo o reversible. Según Padilla, esta clasificación no corresponde a la realidad del proyecto, ya que el relleno de una quebrada representa un daño permanente y de difícil reparación.
El alcalde Rubén Vaca, aunque no negó la propiedad de su esposa sobre los terrenos involucrados ni la posible ventaja que el desvío del cauce le otorgaría, expresó su rechazo a la difusión pública del conflicto. Argumentó que continuar con el canal por el cauce natural implicaría duplicar los costos y la necesidad de pagar por expropiación, mientras que la ruta alternativa propuesta reduciría significativamente los gastos y evitaría desembolsos adicionales.
Actualmente, el cauce natural está siendo rellenado con material local, una medida que ha generado preocupación entre expertos externos. Estos técnicos advierten que las aguas podrían regresar a su cauce original, lo que pondría en riesgo a los habitantes de la zona debido a posibles daños mayores.
Este caso refleja una compleja situación donde se entrelazan intereses públicos, privados y ambientales, que aún no ha encontrado una solución definitiva
