Las autoridades se encuentran ultimando los detalles de una nueva normativa destinada a regular el acceso a combustibles líquidos, como gasolina y diésel, para vehículos que ya operan con Gas Natural Vehicular (GNV). Aunque los anuncios previos habían generado expectativas sobre su inminente aplicación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha aclarado que la restricción formal aún no está vigente, pero se trabaja activamente en el reglamento para su implementación, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo 5400.
La medida propuesta por el Gobierno nacional establece que los vehículos con sistema GNV tendrán un límite de carga para los carburantes líquidos. Superar este cupo implicará el pago del precio internacional, que es significativamente superior al costo subsidiado en el mercado interno.
Según la ANH, el propósito fundamental de esta política es optimizar el uso de los combustibles fósiles y contrarrestar prácticas de uso indebido que impactan tanto la economía estatal como la disponibilidad general de carburantes. Se ha señalado que la iniciativa surge de la observación de que muchos vehículos equipados con GNV, incluso aquellos dedicados al transporte urbano o de corta distancia, realizan cargas diarias de combustibles líquidos sin una justificación aparente basada en sus recorridos habituales. Se reconoce que el uso de gasolina o diésel es necesario para rutas largas o interprovinciales donde la infraestructura de carga de GNV es limitada o inexistente.
Por otro lado, el sector del transporte ha manifestado su desacuerdo con la potencial restricción. Argumentan que la falta de estaciones de servicio de GNV en trayectos extensos hace indispensable el uso de combustibles líquidos. Ponen como ejemplo rutas de varios cientos de kilómetros que carecen de puntos de recarga de gas, cuestionando cómo se podrían realizar dichos viajes si se impusieran límites estrictos al carguío de gasolina o diésel. Representantes del sector sugieren que los esfuerzos de control deberían centrarse en identificar y sancionar a quienes efectivamente hacen un uso irregular del combustible, en lugar de aplicar una medida generalizada que podría perjudicar a quienes dependen legítimamente de los carburantes líquidos para operar en zonas sin cobertura de GNV.
Adicionalmente, el sector agrícola y campesino ha expresado inquietudes relacionadas con la disponibilidad de gasolina y diésel en bidones, esenciales para el funcionamiento de maquinaria en el campo. En las últimas semanas, se ha reportado una creciente demanda que dificulta el acceso a estos combustibles, limitando las horas de trabajo de la maquinaria en momentos clave de la temporada agrícola, como la preparación de suelos y la cosecha.
En respuesta a estas preocupaciones del sector rural, las autoridades han indicado que se están coordinando acciones con organizaciones campesinas para establecer mecanismos, como sistemas de listas o autorizaciones, que faciliten el acceso al suministro necesario para las actividades productivas del campo.
En este contexto, si bien la regulación para vehículos con GNV está en fase de finalización, se mantiene la aclaración de que, por el momento, no existen restricciones formales en vigor, a la espera de que se definan y apliquen los criterios técnicos correspondientes
