En el municipio paceño de Viacha, líderes de comunidades originarias, activistas y residentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, enfrentando agresiones y amenazas debido a su firme postura en defensa del agua y su lucha contra la contaminación minera en la región. La gravedad de esta situación se ha acentuado tras la revelación de un reciente análisis que confirmó la exposición de trabajadores del área a cianuro.
Un total de 61 comunidades originarias, inmersas en una década de esfuerzos para detener la contaminación, han expresado su profundo descontento con lo que describen como una gestión deficiente y una retórica contradictoria por parte del alcalde Napoleón Yahuasi, quien fue electo por la facción evista del MAS. Estas comunidades demandan su renuncia, cuya fecha límite para esta exigencia se estableció para la jornada actual.
Por su parte, la autoridad municipal ha desestimado las acusaciones en su contra, calificándolas de motivaciones políticas, y ha procurado atribuirse la autoría de una legislación municipal destinada a proteger el agua. No obstante, los miembros de la comunidad aclaran que dicha ley fue aprobada tras una significativa movilización que culminó con la ocupación de las instalaciones municipales a principios de semana. En un movimiento estratégico, Yahuasi ha convocado a una marcha para la jornada actual en el Distrito 7 del municipio, lo que ha generado preocupación por posibles enfrentamientos.
Las amenazas han escalado a niveles alarmantes. Juan Pablo Yujra, presidente del Organismo de Gestión de Cuenca de la Microcuenca del río Pallina, ha manifestado haber recibido amenazas de muerte, incluyendo la presencia de individuos encapuchados y armados en motocicletas frente a su domicilio. Yujra, junto a su directiva, ha sido fundamental en la recopilación de pruebas que posteriormente fueron utilizadas por las organizaciones originarias para solicitar la expulsión de las 23 empresas mineras que operan en la zona. El dirigente ha responsabilizado al alcalde por cualquier acto de violencia que pudiera ocurrir en los próximos días. A mediados de semana, la concejal Lizeth Villagómez y sus colegas fueron objeto de agresiones por parte de algunos residentes, lo que, según la concejal, responde a la incitación del alcalde. En respuesta, el Concejo aprobó remitir el caso del burgomaestre a la Comisión de Ética.
El alcalde Yahuasi, en su defensa, ha declarado que concejales de la oposición buscan destituirlo mediante lo que él denomina un golpe municipal, y ha insinuado que algunos dirigentes también poseen intereses en la actividad minera. Afirmó haber presentado el proyecto de ley en cuestión hace tiempo, responsabilizando al Concejo por la falta de celeridad en su tratamiento y aprobación.
Adicionalmente, una activista y abogada que representa a los pobladores de la comunidad Sekejahuira, denunció haber sido agredida durante una inspección a una mina que se presume opera con capitales chinos.
Finalmente, Eddy Gutiérrez, gerente de la Empresa Municipal de Agua, confirmó que un análisis realizado en la empresa Rupaymin reveló que sus trabajadores estuvieron expuestos a agua contaminada con cianuro libre. Esta compañía se convierte en la cuarta empresa identificada como fuente de contaminación con este químico
