El vicepresidente Edmand Lara ha expresado su firme rechazo y preocupación ante la promulgación del Decreto Supremo 5552, una medida que ha generado un importante debate sobre la estructura y distribución del poder dentro del Ejecutivo. En un video difundido a través de sus redes sociales, Lara detalló las implicaciones que este decreto tiene para la Vicepresidencia, subrayando que la reestructuración ordenada afecta directamente la autonomía y el funcionamiento de esta instancia gubernamental.
El Decreto Supremo 5552 establece que todas las unidades que conforman la Vicepresidencia quedarán bajo la dependencia directa o administrativa del Ministerio de la Presidencia. Esta decisión implica, según el vicepresidente, una subordinación institucional que limita gravemente su capacidad de gestión y acción política. Lara calificó esta medida como un golpe a la democracia, argumentando que reduce su rol a una “última expresión”, al tiempo que destruye la estructura organizativa con la que contaba previamente su despacho.
Este cambio no solo afecta a la figura del vicepresidente sino también a toda la Vicepresidencia como órgano. La dependencia establecida hacia el Ministerio de la Presidencia representa una modificación sustancial en el equilibrio de poderes dentro del gobierno, centralizando funciones y diluyendo responsabilidades en un solo ministerio. Para Lara, esta concentración de poder en manos del Ministerio de la Presidencia vulnera principios básicos de autonomía institucional y participación democrática.
Además, el vicepresidente cuestionó abiertamente al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señalándolo como un funcionario designado sin un proceso democrático transparente. Al enfatizar que Lupo fue “puesto a dedo”, Lara pone en tela de juicio no solo la legitimidad del decreto sino también las prácticas políticas detrás de esta reestructuración. Este señalamiento añade una dimensión política al conflicto interno entre ambas instancias del Ejecutivo y refleja tensiones existentes sobre el control y manejo del aparato estatal.
La relevancia de esta situación trasciende lo meramente administrativo o institucional. La Vicepresidencia es una figura clave dentro del gobierno, encargada no solo de suplir al presidente en caso necesario sino también de liderar políticas específicas y coordinar esfuerzos interministeriales. Su debilitamiento estructural podría afectar el equilibrio político interno, así como la efectividad en la implementación de programas y proyectos gubernamentales.
Ante este escenario, es probable que se generen repercusiones tanto políticas como sociales. La percepción de una reducción en los espacios democráticos dentro del Ejecutivo puede alimentar desconfianza entre sectores ciudadanos interesados en mantener mecanismos claros y transparentes de gobernabilidad. Asimismo, las tensiones internas podrían influir en el desempeño general del gobierno, afectando su estabilidad y capacidad para responder a las demandas ciudadanas.
En definitiva, el pronunciamiento del vicepresidente Edmand Lara frente al Decreto Supremo 5552 pone en evidencia un conflicto institucional significativo dentro del Ejecutivo. La reestructuración ordenada por este decreto representa no solo un cambio organizativo sino también un desafío para los principios democráticos y para el equilibrio político necesario en cualquier administración pública. El debate abierto ahora gira en torno a cómo se definirán las competencias y relaciones entre los diferentes órganos gubernamentales para garantizar una gestión eficiente y respetuosa con los procesos democráticos establecidos
