Un proyecto de canalización en Villa Montes ha generado una profunda controversia, con acusaciones directas hacia la administración municipal y su titular. La iniciativa, destinada a redirigir el curso de la quebrada Peña Colorada, se encuentra paralizada en medio de un conflicto que involucra a residentes locales y a la familia del alcalde.
La disputa central gira en torno a la alegación de que el alcalde Rubén Vaca estaría impulsando el desvío del cauce natural de la quebrada para evitar que esta atraviese terrenos que, según se ha señalado, son propiedad de su esposa, E.R.T. de Vaca, y que forman parte de la urbanización Tacuatindy.
La obra de canalización, cuyo presupuesto supera los 14 millones de bolivianos y cuya finalización estaba prevista para el 18 de octubre, ha sido detenida por la oposición de propietarios de terrenos adyacentes. Entre ellos se encuentra la familia Paz Valverde, representada legalmente por el abogado Marcos Padilla, quienes han manifestado su preocupación por el impacto del trazado modificado en sus propiedades.
El representante legal ha presentado documentación que, según sus afirmaciones, corrobora la titularidad de los terrenos en cuestión. Padilla ha sugerido que la quebrada ha sido objeto de transacciones y parcelamientos, y que algunos de los adquirentes serían funcionarios municipales, efectuando pagos mediante descuentos en sus nóminas. Asimismo, ha enfatizado que la alteración del curso natural del agua perjudica a terceros, específicamente a la familia Paz.
Este conflicto ha derivado en una serie de acciones legales. El abogado Padilla ha revelado que la familia Paz Valverde ha enfrentado nueve procesos judiciales, tanto penales como civiles, los cuales fueron resueltos a su favor. No obstante, se ha reportado el inicio de nuevas causas. Padilla ha instado al alcalde a desistir de estos litigios, señalando una presunta arremetida constante contra la familia Paz.
Adicionalmente, se ha puesto en tela de juicio la licencia ambiental obtenida para el proyecto. El Viceministerio de Medio Ambiente otorgó una licencia de categoría tres, lo que implica un impacto ambiental mínimo o reversible. Sin embargo, el abogado Padilla ha cuestionado esta clasificación, argumentando que rellenar una quebrada constituye una alteración permanente y de mayor envergadura, que no puede subsanarse en un corto período, lo que sugiere que se habría proporcionado información inexacta para obtener dicha categoría.
Por su parte, el alcalde Rubén Vaca no ha negado que su cónyuge posea terrenos en la trayectoria de la quebrada ni que el desvío propuesto pudiera beneficiarla. No obstante, ha criticado la exposición pública del asunto. El burgomaestre ha expresado su intención de recurrir a las instancias judiciales pertinentes para resolver el diferendo y evitar su mediatización.
Vaca ha justificado la modificación del trazado original, argumentando que canalizar la quebrada por su curso natural implicaría duplicar el costo del proyecto y obligaría al municipio a efectuar compensaciones por expropiación. Ha asegurado que la ruta alternativa propuesta reduciría el costo a la mitad y eliminaría la necesidad de pagos por expropiación.
Actualmente, el lecho natural de la quebrada está siendo rellenado con material del lugar. Esta acción ha generado alertas por parte de técnicos externos, quienes advierten sobre el riesgo de que las aguas puedan eventualmente retomar su cauce original, lo que podría ocasionar daños significativos a los habitantes de la zona
