Las calles de la capital tarijeña han sido escenario de extensas filas de vehículos que se extendían por varias cuadras en diversos puntos de abastecimiento de combustible. Numerosos conductores reportaron esperas de horas para poder cargar sus tanques, impulsados por la inquietud ante una posible interrupción del suministro.
Esta preocupación generalizada surgió tras recientes declaraciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que advirtieron sobre la potencial afectación del abastecimiento de carburantes debido a la insuficiente disponibilidad de divisas para su importación. Este anuncio, difundido a primera hora del miércoles, provocó la rápida formación de largas colas en las estaciones de servicio de Tarija y otras regiones del país.
El detonante de esta reacción pública fue el reconocimiento, el martes al mediodía, por parte de un alto ejecutivo de YPFB, de una dificultad temporal en la cadena de suministro de combustibles a nivel nacional. Se explicó que la empresa estatal encuentra limitaciones para garantizar la importación regular de carburantes si el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no proporciona los dólares necesarios para cubrir las operaciones en el mercado internacional. Aunque se aseguró que la situación era transitoria, estas declaraciones fueron suficientes para generar alarma ciudadana. En cuestión de horas, las gasolineras se vieron abarrotadas de vehículos, transformando lo que inicialmente se describió como un problema administrativo interno en un escenario de filas, especulación y temor a un posible desabastecimiento.
Representantes del sector de surtidores de combustible en Tarija han criticado enérgicamente la forma en que la empresa estatal comunicó la situación. Un dirigente de la Asociación de Surtidores de Combustibles de Tarija calificó de irresponsable generar tal nivel de alarma, argumentando que solo provoca zozobra en la población. Aclaró que, a pesar del anuncio, los volúmenes de distribución se mantienen dentro de los parámetros habituales y que, hasta el momento, no hay reportes oficiales de reducción en la entrega de carburantes. Instó a la ciudadanía a no ceder ante lo que consideró un delirio de miedo provocado por información irresponsable. Advirtió que este tipo de anuncios precipitan una reacción en cadena: el pánico ciudadano se traduce en filas, las estaciones se vacían con mayor rapidez y, en consecuencia, se altera la autonomía de distribución. También lamentó que las autoridades salientes generen este tipo de caos para las administraciones entrantes, perjudicando a la población que depende del transporte para llevar su producción del campo a los centros de abasto. Se destacó que en las provincias se han pagado precios considerablemente más altos por el combustible, llegando hasta 16 bolivianos por litro de diésel o gasolina, una situación que también propicia la adulteración del carburante cuando se adquiere en bidones. Se enfatizó que solo en las estaciones de servicio se garantiza la calidad del combustible, por lo que se desaconsejó la compra a revendedores.
El sector del transporte también ha manifestado una profunda preocupación. Un líder de una importante federación de autotransporte confirmó la intensificación de las filas en varios departamentos y lamentó que, a pocos días de un cambio de autoridades, se emitan mensajes confusos que solo agravan el descontento. Sugirió que estas declaraciones evidencian una deficiente gestión, al no prever las consecuencias de anunciar públicamente la escasez de recursos para importar carburantes. Sostuvo que la incertidumbre propicia la especulación y el acaparamiento, ya que algunos individuos aprovechan la coyuntura para almacenar combustible, revenderlo o incrementar los precios en zonas provinciales. Además, anticipó una agudización de las colas, que podrían extenderse a esperas de tres a cuatro días en el eje central del país.
La situación se complejiza aún más por recientes ajustes regulatorios. A principios de semana, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió una resolución que establece nuevos precios para ciertos combustibles premium: la gasolina Premium+ experimentó un incremento de Bs 6.68 a Bs 7.22 por litro, y el diésel ULS pasó de Bs 6.96 a Bs 8.78. Sin embargo, los precios de la gasolina especial y el diésel regular permanecen inalterados. Pese a que las autoridades gubernamentales insisten en que estas variaciones buscan equilibrar los costos de importación y mantener la estabilidad del mercado interno, la población percibe señales de fragilidad. Cada comunicado de YPFB o ajuste de precios se traduce en una reacción inmediata en los puntos de expendio.
En Santa Cruz, el impacto en el sector del transporte es particularmente severo. La Cámara de Transporte del Oriente informó que una abrumadora mayoría, específicamente nueve de cada diez de sus vehículos, se encuentran inmovilizados, principalmente debido a las prolongadas esperas en las filas para cargar combustible. Esta situación es especialmente desafiante para el sector, dado que el suministro de diésel disponible no es suficiente para cubrir la demanda. Un representante ejecutivo de la Cámara ha instado urgentemente a las autoridades a garantizar una provisión constante de combustible para la industria del transporte, reiterando que una parte sustancial de su flota permanece paralizada a la espera de ser reabastecida
