Una orden de aprehensión fue emitida este jueves por la Fiscalía Departamental de Tarija contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen Tapia, en el marco de una investigación por presunto contrabando de exportación agravado. Sin embargo, tanto YPFB como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana Nacional han desestimado categóricamente que el titular de la empresa estatal haya incurrido en alguna actividad delictiva relacionada con la exportación de hidrocarburos.
Desde YPFB, el gerente de contratos de exportación de gas, explicó que todas las operaciones de exportación de gas natural que la empresa realiza a través de ductos hacia Argentina y Brasil están sujetas a un riguroso control aduanero y a la regulación de la ANH. En este contexto, se afirmó que la totalidad de las operaciones son completamente legales, lo que descarta cualquier posibilidad de contrabando, daño económico o la comisión de un delito. Estas declaraciones se realizaron en una conferencia de prensa conjunta con representantes de la ANH y la Aduana Nacional, pocas horas después de que se hiciera pública la denuncia y la orden de aprehensión contra el ejecutivo.
Se detalló además que YPFB percibió 14.4 millones de dólares, debidamente facturados, por los volúmenes entregados bajo un contrato legal vigente. Este monto fue abonado por el cliente en las cuentas del Banco Central de Bolivia, lo que, según la empresa, no deja margen para especulaciones sobre la legalidad de las transacciones. El director ejecutivo de la ANH, respaldó estas afirmaciones, subrayando que su institución es la única facultada para otorgar las autorizaciones de exportación de hidrocarburos.
Por su parte, la presidenta de la Aduana Nacional, informó que los individuos responsables de la denuncia habían sido desvinculados de la institución pública la mañana del lunes 6 de octubre. Horas después de su cese, procedieron a presentar la acusación, supuestamente haciendo uso de sellos y documentación pertenecientes a la Aduana Nacional. Esta situación sugiere una posible acción de represalia por parte de los exfuncionarios, quienes, según la autoridad, habrían tergiversado la normativa de exportaciones por desconocimiento total.
Se aclaró que las exportaciones realizadas desde Yacuiba, Puerto Suárez y San Matías están exentas de presentar la autorización de la ANH cuando se trata de contratos vigentes con Brasil y Argentina, conforme a un decreto específico que eliminó este requisito para dichos destinos. Para otros países, la autorización sí sería necesaria. La presidenta de la Aduana Nacional calificó la acción de los denunciantes como un delito de usurpación de funciones, dado que la Ley General de Aduanas establece que solo el titular de la institución puede presentar querellas y denuncias. Agravando la situación, los exfuncionarios no contaban con ningún poder legal para actuar en nombre de la Aduana y presentaron la denuncia tras haber sido desvinculados. En respuesta, la Aduana Nacional anunció que presentará una querella formal este viernes contra los individuos que denunciaron al presidente de YPFB
