Al cumplirse ocho días de las interrupciones en las carreteras del país, un amplio conjunto de 56 entidades, incluyendo la Defensoría del Pueblo y diversas redes e instituciones de la sociedad civil, emitieron un llamado urgente. Exhortaron a todos los actores involucrados en la esfera política, gubernamental, privada y social a evitar un escalamiento de la tensión y a cesar acciones, discursos y actitudes que promuevan la violencia.
Estas organizaciones manifestaron su profunda preocupación, advirtiendo que tales comportamientos podrían acarrear consecuencias irreversibles para la estabilidad democrática, la institucionalidad estatal y los derechos fundamentales de la ciudadanía boliviana.
Se subrayó que la actual coyuntura de crisis en los ámbitos económico, político y social, exacerbada por factores como el desabastecimiento de combustibles, la escasez de divisas y las propias interrupciones de rutas, genera un impacto negativo generalizado. Este impacto afecta de manera particularmente severa a los grupos más vulnerables de la población.
Según el pronunciamiento, la vía para superar estas dificultades reside únicamente en el diálogo y el empleo de los mecanismos democráticos previstos en la Constitución. En este contexto, se consideró esencial que el proceso electoral general, programado para agosto de 2025, se desarrolle en un clima libre de coacciones, amenazas, desinformación o cualquier acto que genere temor o conflicto.
El conjunto de instituciones firmantes dirigió exhortaciones específicas a diversos sectores ante la compleja situación que atraviesa el país. A los actores políticos se les instó a ejercer su función con responsabilidad democrática, absteniéndose de proferir discursos de odio o amenazas contra instituciones públicas o sociales, que puedan incitar a la violencia, vulnerar derechos humanos o perturbar la convivencia pacífica.
Al Gobierno nacional, se le solicitó asegurar que la actuación de las fuerzas del orden frente a manifestaciones y bloqueos se ajuste a los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza, y a evitar el despliegue de personal militar ante concentraciones de carácter pacífico.
Se pidió al Órgano Electoral hacer valer sus atribuciones y garantizar el desarrollo adecuado de un proceso electoral transparente, íntegro y competitivo, respetando el calendario establecido.
A los grupos que mantienen las movilizaciones, se les exhortó a ejercer sus derechos políticos dentro del marco del respeto a las normas democráticas y una libertad de expresión responsable. Se enfatizó la necesidad de evitar cualquier forma de violencia que perjudique a personas ajenas a las protestas. Adicionalmente, se les urgió a permitir el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, recordando que, conforme a la normativa internacional, solo las manifestaciones pacíficas gozan de protección plena.
Se hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales del país para establecer canales de diálogo seguros e inclusivos que faciliten acuerdos sobre los principales desafíos nacionales, priorizando siempre la concertación por encima del uso de la fuerza. Finalmente, a la ciudadanía en general, se le exhortó a mantener una postura crítica, vigilante y pacífica, comprometida con los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones constructivas.
A pesar de estos llamados a la calma, las manifestaciones promovidas por sectores afines al expresidente Evo Morales han derivado en actos de violencia. Hasta el momento, se reportan decenas de heridos, predominantemente efectivos policiales y personal de salud. Un incidente particularmente grave involucró el ataque a una ambulancia, resultando en agresiones a sus ocupantes, incluyendo personas que recibían atención médica.
Actualmente, se lleva a cabo una operación coordinada entre fuerzas policiales y militares con el objetivo de despejar las vías bloqueadas, concentrándose especialmente en la carretera que une Cochabamba con el occidente del país.
Las interrupciones en importantes arterias viales de Bolivia comenzaron el pasado lunes 2 de junio, impulsadas por organizaciones sociales vinculadas al expresidente Morales. Inicialmente, se identificaron 24 puntos de bloqueo según los reportes de transitabilidad. Mientras los manifestantes argumentan que sus acciones responden a la crisis económica y exigen la renuncia del presidente Luis Arce, este último ha señalado directamente al expresidente Morales como el instigador de las movilizaciones, buscando supuestamente forzar una nueva postulación presidencial
