El clima de tensión en el sector salud de Tarija ha aumentado considerablemente en los últimos días, tras la decisión del gobierno de desvincular a varios trabajadores, quienes han denunciado despidos arbitrarios y sin justificación. Estos despidos se producen en un contexto de protestas por parte del personal afectado, que ha llevado a cabo marchas para expresar su descontento y exigir respuestas.
Las autoridades gubernamentales han argumentado que estas desvinculaciones son parte de un proceso de evaluación y reordenamiento del sistema sanitario, con el objetivo declarado de mejorar la calidad del servicio. El viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, fue quien expuso esta versión oficial, asegurando que las decisiones se basan en inspecciones realizadas por técnicos del Ministerio de Salud. Estas evaluaciones se llevaron a cabo en diferentes centros médicos del departamento, como el Hospital Regional San Juan de Dios y el Materno Infantil, donde se habrían encontrado fallas en la productividad y el cumplimiento de horarios por parte del personal.
Bustamante argumentó que las irregularidades detectadas abarcan desde problemas de descoordinación hasta la inclusión de perfiles inapropiados en algunos programas. Según él, esta situación ha llevado a una reestructuración necesaria para garantizar una gestión más eficiente del personal. Además, anunció que se están implementando procesos de selección basados en méritos para asegurar la institucionalización del personal.
Sin embargo, las trabajadoras afectadas han reaccionado con indignación ante estas afirmaciones. Una enfermera desvinculada del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) destacó que nunca recibieron advertencias formales sobre su desempeño laboral antes de ser despedidas. Este programa es particularmente crítico, ya que su debilitamiento ha resultado en la paralización parcial de servicios esenciales como la atención en vacunatorios, justo cuando es vital intensificar las campañas de inmunización.
La situación también ha tomado un giro legal. Mónica Blacutt, abogada que representa a las trabajadoras despedidas, ha denunciado que estos despidos violan derechos laborales fundamentales estipulados en la Ley General del Trabajo. Blacutt argumenta que no se siguió el debido proceso para llevar a cabo estas desvinculaciones, lo que pone en entredicho la legalidad de las acciones del Gobierno. Además, cuestionó la falta de pruebas documentadas que justifiquen los despidos y subrayó el sufrimiento emocional y profesional al que están sometidas las trabajadoras afectadas.
La abogada también hizo hincapié en la importancia de respetar los derechos laborales no solo para los trabajadores amparados por leyes generales, sino también para aquellos empleados públicos que desempeñan un papel crucial en el sistema sanitario. La tensión entre el Gobierno y los trabajadores continúa creciendo mientras ambas partes sostienen sus posiciones y se preparan para posibles acciones legales o nuevas movilizaciones.
