Un amplio cónclave de organizaciones sociales, convocado este fin de semana en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, ha lanzado un enérgico pronunciamiento dirigido a la autoridad electoral del país. Los participantes advirtieron que si la figura de Juan Evo Morales no figura en la papeleta para los comicios programados para el 17 de agosto, el proceso electoral no se llevará a cabo.
Entre las conclusiones de este encuentro, se certificó a Juan Evo Morales como el único aspirante presidencial que representa a estas organizaciones. Asimismo, se instó a la habilitación de la agrupación política Pan-Bol para su participación en las elecciones generales, en cumplimiento de una resolución emitida por el Tribunal de Garantías Constitucionales de La Paz. Se enfatizó que, ante una eventual renuncia de postulantes a la presidencia, el Tribunal Supremo Electoral no debería interponer obstáculos a una posible sustitución de candidatos que permita la participación de Evo Morales Ayma en la contienda. Además, se decidió iniciar los trámites para la obtención de la personalidad jurídica del instrumento político denominado Evo Pueblo.
El encuentro también abordó temas de índole política interna, declarando a Andrónico Rodríguez como el más grande traidor de su organización de base. Se afirmó que el Estado Mayor del Pueblo, el Pacto de Unidad y el instrumento político Evo Pueblo son firmes defensores de la canasta familiar.
En materia de justicia, se demandó la reapertura de las investigaciones sobre el presunto intento de asesinato que habría sufrido el expresidente Evo Morales. Se solicitó también el inicio de una investigación sobre varios casos de supuesta corrupción millonaria que vincularían al actual mandatario, Luis Arce Catacora, y a sus hijos. Los participantes exigieron que los miembros del Tribunal Constitucional y los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a quienes calificaron de autoprorrogados, respondan ante la justicia. Adicionalmente, se pidió una investigación imparcial sobre el denominado caso ‘consorcio criminal’ que involucra a exministros de un gobierno anterior.
Finalmente, se rechazó categóricamente la criminalización de los derechos humanos fundamentales a la protesta social y la manifestación, exigiendo la inmediata liberación de Ponciano Santos y Enrique Mamani, quienes se encuentran detenidos.
La presidenta de una de las agrupaciones políticas presentes, Ruth Nina, reforzó la postura colectiva, declarando que si la representación de la clase indígena y del pueblo no se encuentra en las papeletas a través de su candidato, no habrá elecciones. Nina desafió al gobierno, afirmando que si se intenta encarcelar a líderes, no solo se detendrá a individuos, sino a la totalidad del pueblo boliviano en los nueve departamentos. Subrayó que la libertad es un derecho inalienable en su propia tierra y reiteró su incondicional apoyo al expresidente, manifestando que cuenta con un soldado más para defender y luchar por su pueblo.
El ampliado de emergencia se llevó a cabo con la presencia de Juan Evo Morales, la dirigencia del Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo. Al inaugurar el evento, Morales expresó su asombro por la masiva asistencia de representantes de los nueve departamentos, así como la gran cantidad de dirigentes y autoridades afines a Evo Pueblo. El expresidente caracterizó el momento actual de Bolivia como una tiranía jurídica y una dictadura política, acompañada de una crisis económica que, según él, no se había visto desde la época de la UDP. Morales también mencionó que el encuentro se iniciaba con más de 300 dirigentes detenidos, incluyendo a Ponciano Santos y Enrique Mamani, y enfatizó que la región del Trópico no será dividida ni con plata, ni con pegas
