La muerte de una mujer de 48 años a manos de su expareja, quien admitió el crimen, elevó a 59 la cifra de feminicidios registrados en Bolivia, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado.
El hecho ocurrió en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde la víctima fue golpeada y asfixiada por su expareja, un hombre de 57 años que posteriormente se presentó ante las autoridades policiales para entregarse.
De acuerdo con el fiscal departamental de La Paz, Luis Torrez, el sindicado habría sostenido una discusión con su exesposa, con quien vivía en la misma casa, y esa situación derivó en un altercado físico y un forcejeo. “En esas circunstancias, la víctima habría caído, produciéndose posteriormente su fallecimiento”, explicó en una nota de prensa citada por la Fiscalía.
El fiscal asignado al caso, Justo Chambi, precisó que la autopsia médico-legal determinó como causa de muerte anoxia cerebral, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulación manual. Además, adelantó que se presentará la imputación formal contra la expareja y que se solicitará prisión preventiva por seis meses en una cárcel de máxima seguridad de La Paz.
Con este caso, los feminicidios en Bolivia ascienden a 59 entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de este año. La Fiscalía detalló que La Paz concentra la mayor cantidad de denuncias, con 21 casos, seguida por Santa Cruz, con 11; Cochabamba y Oruro, con 8 cada una; Potosí, con 4; Chuquisaca, con 3; Tarija, con 2; y Pando y Beni, con uno en cada departamento.
Según el Ministerio Público, en el 98 % de los casos los autores están “plenamente” identificados. De ellos, indicó, cumplen prisión preventiva y 11 ya recibieron sentencia.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio, el Ministerio Público registró 24.890 casos de delitos comprendidos en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, conocida como Ley 348, vigente en el país desde 2013. De ese total, 18.059 correspondieron a denuncias por violencia familiar o doméstica.
La Ley 348 establece una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto para el feminicidio, la sanción máxima contemplada en la legislación boliviana. Sin embargo, organizaciones feministas han denunciado durante años que la norma no se aplica plenamente debido a la falta de presupuesto y de personal especializado para atender estos casos. También han advertido sobre campañas de desinformación y desprestigio impulsadas desde sectores conservadores que buscan su derogación.
