El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles la Ley 436 de Retorno Económico, una norma que redefine qué niveles de gobierno deben financiar ciertas obligaciones vinculadas al régimen penitenciario y al bono de vacunación. Con esta medida, el Ejecutivo central asume responsabilidades que hasta ahora recaían en las gobernaciones, en el marco de una redistribución de cargas financieras entre el nivel nacional y los gobiernos departamentales.
Uno de los cambios centrales establecidos por la ley es que el Ministerio de Gobierno pasará a cubrir el costo de los prediarios y los gastos de funcionamiento del régimen penitenciario en todo el país. Hasta ahora, esas erogaciones formaban parte de los presupuestos departamentales, por lo que las gobernaciones dejarán de destinar recursos propios para atender estas obligaciones.
La disposición alcanza tanto a las personas privadas de libertad que se encuentran con detención preventiva como a quienes cumplen condena en los centros penitenciarios del país. En adelante, el financiamiento de esos gastos quedará bajo responsabilidad del nivel central, según lo previsto en la nueva norma.
La Ley 436 también traslada al Ministerio de Salud y Deportes la financiación del bono de vacunación. De acuerdo con el texto promulgado, esa obligación deberá ser cubierta por esa cartera de Estado, conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente. Con ello, las gobernaciones dejan de emplear recursos departamentales para sostener ese beneficio.
La aplicación de la norma, sin embargo, no modifica las obligaciones ya generadas con anterioridad. El texto establece que todo compromiso asumido antes de la gestión 2026 seguirá siendo atendido por los gobiernos autónomos departamentales, bajo las reglas que estaban vigentes al momento en que fue generado.
Además, para 2026 se mantiene un esquema de transferencias departamentales destinado a la Autoridad Binacional Lago Titicaca, la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, y el Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica. A partir de 2027, las fuentes de financiamiento de esas entidades serán definidas mediante decreto supremo.
Con esta promulgación, el Gobierno modifica la distribución de responsabilidades financieras entre el nivel central y las gobernaciones, permitiendo que los gobiernos departamentales dejen de cubrir determinadas obligaciones nacionales y puedan reasignar esos recursos a otras necesidades vinculadas a sus competencias. La firma de la norma se realizó con la presencia de gobernadores y en medio del debate sobre la distribución de recursos y el proceso denominado 50/50.
