La implementación del sistema de fiscalización electrónica de infracciones de tránsito, conocido popularmente como Fotomultas, ha generado una considerable controversia y descontento entre diversos segmentos de la ciudadanía.
En este contexto, un destacado legislador nacional, quien también ejerce como dirigente del sector de Transporte Libre de Tarija, ha anunciado la preparación de una acción de amparo constitucional. Esta medida legal tiene como propósito principal la rescisión del contrato suscrito entre la autoridad municipal y la empresa privada encargada de la gestión y cobro de estas sanciones. Actualmente, se está ultimando la recopilación de la documentación pertinente para la presentación formal de dicha acción.
La principal inquietud del sector del transporte radica en la cuantía de las multas impuestas. Si bien no se objeta la necesidad de establecer controles o aplicar penalizaciones por infracciones viales, se considera que los montos actuales son desproporcionadamente elevados. El objetivo primordial de la acción legal es invalidar el acuerdo contractual existente, para posteriormente evaluar la implementación de un programa de educación vial o un sistema de fiscalización electrónica que se ajuste a criterios más equitativos.
Se ha sugerido que un esquema de multas por infracciones semafóricas, similar al aplicado en otra importante ciudad del país, podría ser una alternativa viable. Sin embargo, se ha manifestado una clara oposición a la imposición de sanciones por exceso de velocidad, argumentando la ausencia de una campaña de socialización y concientización previa sobre un plan específico para el control de la velocidad.
Asimismo, se enfatiza que la administración de cualquier programa de fiscalización vial debería recaer directamente en la entidad municipal de Tarija, en lugar de una firma particular que, según se ha señalado, retiene una porción significativa de los recursos generados. Se propone que los ingresos beneficien directamente a la municipalidad y que las penalizaciones sean razonables, sugiriendo montos que oscilen entre 30 y 50 bolivianos por cruzar un semáforo en rojo, en línea con las sanciones habituales por infracciones de tráfico.
En el modelo de fiscalización vial de otra urbe nacional, se ha destacado que las multas son recaudadas directamente por la alcaldía, y que no existe acumulación de penalizaciones ni la aplicación de intereses sobre las mismas
