Una investigación parlamentaria ha culminado con una recomendación formal para que la justicia examine las acciones de un grupo significativo de funcionarios y ejecutivos relacionados con el sector de hidrocarburos del país. Entre los señalados para una posible indagación judicial se encuentran dos exministros de Hidrocarburos, el actual presidente de la estatal petrolera YPFB, varios altos ejecutivos y siete gerentes y exgerentes de la misma compañía. La solicitud surge a raíz de presuntas irregularidades y malversación de fondos identificadas en el denominado caso Botrading.
El informe elaborado por la comisión legislativa especial detalla que las once personas que deben ser investigadas incluyen al exministro de Hidrocarburos, Franklin Molina; al actual ministro del sector, Alejandro Gallardo Baldiviezo; al presidente de YPFB, Armin Dorgathen; y a Sandra Otazú Vera, quien preside la empresa Botrading S.A. Adicionalmente, la lista de gerentes y exgerentes de YPFB y Botrading mencionados en las conclusiones son: Gabriela Delgadillo, gerente de productos industrializados; Cinthia Pedraza, gerente de Contrataciones de YPFB; Omar Alarcón Saigua, exgerente general de YPFB-Refinación; Joel Callaú, gerente general de YPFB-Logística y actual director de la ANH; Félix Cruz, gerente de YPFB-Logística; Rolando Ayala, gerente de Botrading; y Julio Camargo, gerente de YPFB-Refinación.
La investigación parlamentaria subraya la necesidad de examinar a los responsables de YPFB y a aquellos que ocupaban cargos gerenciales en el momento de los hechos, incluyendo un actual gerente de planificación y un apoderado que, según los hallazgos, estuvo implicado en la firma de adjudicaciones contractuales. Los hallazgos de la comisión apuntan a la existencia de sobreprecios y otras irregularidades en dichos contratos. Se ha sugerido que la génesis de este proceso se encuentra en supuestas inexactitudes contenidas en una respuesta oficial a una petición de informe escrito, particularmente durante la gestión de una administración anterior.
La Cámara de Diputados estableció esta comisión especial en abril de este año, luego de que salieran a la luz denuncias sobre pagos excesivos en la importación de combustible. Botrading, la empresa al centro de las acusaciones, tiene su sede en Paraguay. Su presidenta, Sandra Otazú Vera, declinó comparecer ante la comisión investigadora, argumentando que el órgano legislativo carecía de jurisdicción en territorio paraguayo.
El trabajo de la comisión concluyó en mayo, y su informe fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados, donde fue debatido y aprobado cuatro meses después. Las recomendaciones finales del informe instan a que sus conclusiones sean puestas en conocimiento de la Contraloría General del Estado, del presidente del país y de la Fiscalía, con el fin de que se inicie una investigación formal. Cabe señalar que, de manera independiente, ya existe una investigación abierta en la Fiscalía en relación con este mismo caso
