El Gobierno ha oficializado la implementación de una nueva legislación diseñada para amparar a los menores que quedan en situación de orfandad a consecuencia de delitos graves. Esta normativa, denominada Ley de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida, fue promulgada tras un proceso legislativo que culminó la semana pasada en la Asamblea, después de dos años de esfuerzos continuos por parte de organizaciones civiles y colectivos.
La promulgación de esta ley reafirma el compromiso estatal con la salvaguarda del futuro de la niñez y adolescencia que ha experimentado la devastadora pérdida de sus progenitores en circunstancias de violencia extrema. Su propósito fundamental es establecer un marco de atención integral y protección social que el Estado proveerá a aquellos hijos e hijas que se convierten en huérfanos a raíz de crímenes como el feminicidio, el asesinato de varones, o en situaciones de homicidio-suicidio directamente vinculadas a episodios de violencia.
Entre las medidas esenciales que contempla la legislación, se destaca la asignación de un bono económico mensual, cuyo valor no será inferior al 20% del salario mínimo nacional vigente. Adicionalmente, la ley garantiza la entrega periódica de paquetes alimentarios, así como el acceso a asistencia psicológica y legal especializada, ambas proporcionadas de manera gratuita. Se asegura también la prioridad en el acceso al Sistema Único de Salud (SUS), con cobertura total de los servicios. La continuidad educativa de los beneficiarios está plenamente garantizada, y se priorizará a sus tutores en los programas de vivienda social.
Los beneficios establecidos por esta ley están dirigidos a hijas e hijos menores de 18 años. No obstante, el apoyo se extiende hasta los 25 años para aquellos que se encuentren cursando estudios superiores, reconociendo la importancia de la formación académica en su desarrollo futuro
