Fernando Cerimedo permanece aislado de los demás internos en el penal de Chonchocoro, según informó su defensa, que atribuye esa situación a supuestas amenazas recibidas durante sus primeros días en el recinto penitenciario. El abogado Ernesto Giraldez aseguró que su defendido habría sido intimidado por otros privados de libertad, entre ellos personas trasladadas al penal después de los bloqueos que se extendieron por 53 días y que, de acuerdo con la versión de la defensa, responsabilizarían a Cerimedo por esas medidas de presión.
Giraldez sostuvo que, frente a ese escenario, se pidió a la administración de Chonchocoro un informe sobre las condiciones de seguridad del detenido. A su criterio, la responsabilidad de resguardar su integridad recae en la Policía Boliviana. En ese contexto, el jurista explicó que Cerimedo continúa separado del resto de la población penitenciaria por precaución, luego de que —según dijo— “querían victimarlo”.
Mientras permanece en ese recinto, las investigaciones en su contra siguen su curso. La defensa informó que actualmente enfrenta tres procesos: uno por enriquecimiento ilícito, otro por tentativa de feminicidio y un tercero por violencia doméstica. A ello se suma que, dentro del caso abierto en La Paz por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, la Fiscalía habría ampliado la investigación por usurpación de funciones, falsedad y legitimación de ganancias ilícitas.
El abogado señaló, sin embargo, que la defensa todavía no tiene acceso completo a los elementos que respaldarían esas nuevas acusaciones. Por eso, indicó que se está solicitando ingresar formalmente al proceso para revisar las pruebas reunidas por el Ministerio Público. La intención, explicó, es presentar documentación y pedir diligencias que permitan desvirtuar las acusaciones y también los riesgos procesales que fueron considerados por la Justicia al ordenar la detención preventiva.
La situación jurídica de Cerimedo también está marcada por dos órdenes de detención preventiva. Giraldez recordó que una fue emitida el 21 de agosto en Santa Cruz y debía cumplirse en Palmasola, mientras que posteriormente un juzgado de La Paz dispuso otra detención preventiva en Chonchocoro por 180 días. Ante esa duplicidad, la defensa busca que se aclare cómo deben ejecutarse ambas medidas y, en una primera instancia, pretende lograr su retorno a Palmasola.
Pese a ello, el objetivo central de los abogados es reunir la documentación necesaria para desvirtuar los riesgos procesales y pedir que el exasesor político pueda defenderse en libertad. Giraldez afirmó que esa será la siguiente etapa del trabajo de defensa, una vez que se avance en la revisión de los elementos del caso.
Según su abogado, Cerimedo se encuentra preocupado por el curso de las investigaciones y quiere que todo avance con transparencia. La defensa sostiene que el exasesor político busca demostrar su inocencia y ha pedido a sus abogados actuar con rapidez. Por el momento, continúa aislado en Chonchocoro mientras avanzan los procesos y se define su situación jurídica.
