El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ha revelado que el Gobierno le propuso un esquema para incriminar a diversas figuras políticas, tanto de izquierda como de derecha, a cambio de su libertad en el proceso judicial relacionado con los acontecimientos del 26 de junio de 2024.
Estas declaraciones surgen en un contexto donde una comisión del Senado concluyó que no existen pruebas de una intención golpista en los sucesos de junio, aunque sí responsabilizó al excomandante por la dirección del despliegue militar. Zúñiga, por su parte, insiste en que no hubo un intento de golpe de Estado, calificando todo como una estrategia política diseñada para beneficiar al entonces presidente Luis Arce.
Según el exmilitar, el movimiento de las Fuerzas Armadas el 26 de junio fue una respuesta directa a una orden presidencial y de algunos ministros de Estado. Él sostiene que la finalidad de esta planificación era generar una narrativa de victimización para el Gobierno y, simultáneamente, emprender una persecución contra la oposición. Describió reuniones previas a la movilización, indicando que el Ejecutivo buscaba aumentar su popularidad a través de un supuesto autogolpe que, a su juicio, pretendía desviar la atención de la crisis económica que atravesaba el país. El objetivo, explicó, era iniciar una cacería y el encarcelamiento de políticos opositores, proyectando una imagen de fortaleza ante un golpe en lugar de una huida, en contraste con críticas previas a otros líderes. Además, vinculó este plan a un proyecto de continuidad política del entonces presidente.
El excomandante también denunció que él y otros militares fueron objeto de presiones directas para adherirse a un guion preestablecido. En su caso, el libreto tenía como fin implicar a varios actores políticos a cambio de una detención domiciliaria. Acusó al viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, de visitar cárcel por cárcel para ofrecer procedimientos abreviados a los militares, con el propósito de sostener la versión de un golpe de Estado. Detalló que el ahora ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y el viceministro Aguilera, ingresaban al penal de El Abra durante la madrugada en vehículos para entregarle un guion que debía involucrar a políticos de izquierda, derecha y dirigentes de organizaciones sociales. Entre los nombres de políticos que, según Zúñiga, se le pidió implicar, figuran Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Jorge Valda, Jaime Dunn y Jeanine Añez, entre otros.
El exgeneral apunta directamente al expresidente Luis Arce Catacora, afirmando que todo esto fue planificado y ordenado por él, y que debería ser sometido a un juicio de responsabilidades. Hizo un llamado al nuevo Gobierno para que investigue exhaustivamente los hechos del 26 de junio de 2024, no solo al entonces presidente, sino también a ministros como Maria Nela Prada, Edmundo Novillo, Eduardo Del Castillo y Jhonny Aguilera.
Zúñiga mantiene que sus acciones no constituyen un delito, sino una falta militar, y por lo tanto, considera que debería estar exento del proceso penal. Actualmente, Juan José Zúñiga cumple detención preventiva en la cárcel de El Abra, Cochabamba, por un periodo superior a un año y cuatro meses. La fiscalía lo acusa del delito de alzamientos armados, una imputación que podría conllevar una pena de entre 15 y 30 años de prisión, conforme a la legislación penal vigente
