En las primeras horas del martes, un efectivo de las Fuerzas Armadas perdió la vida en un enfrentamiento armado con grupos de contrabandistas. El suceso tuvo lugar en la localidad de Lloko Lloko, una zona fronteriza con Perú ubicada en el departamento de La Paz. Durante la emboscada, un teniente fue fatalmente herido y un vehículo militar sufrió daños considerables.
Este trágico incidente ha reavivado el debate sobre la creciente actividad del crimen organizado en las fronteras. Pablo Camacho, ex presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), ha manifestado su preocupación, señalando que la delincuencia transfronteriza está cobrando un alto precio en vidas humanas.
Las estadísticas más recientes para el año 2025 ilustran la magnitud de este conflicto: dieciocho militares han fallecido y trescientos cuarenta y nueve han resultado heridos en la lucha contra el contrabando, de los cuales ocho han quedado con discapacidades permanentes. Camacho ha atribuido esta situación a una supuesta debilidad del Estado de Derecho en el pasado, lo que habría propiciado una pérdida de control sobre las fronteras y las principales vías de comunicación del país. Enfatizó la necesidad imperante de restablecer la autoridad estatal y garantizar la protección de aquellos que arriesgan su vida por la seguridad nacional.
En este sentido, el representante de la CNI ha exhortado a los Ministerios de Defensa y Justicia a actuar con firmeza, aplicando todo el rigor de la ley contra las mafias que operan impunemente en las zonas limítrofes. Ha subrayado que la nación no puede seguir pagando con la sangre de sus defensores la ausencia de una presencia estatal robusta.
Cabe recordar que, en mayo de este mismo año, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, había alertado sobre la situación en Lloko Lloko y Taraco, identificándolas como comunidades donde se observa un respaldo a las operaciones de contrabando inverso
