La Alcaldía de Tarija aseguró que ha mantenido una postura de colaboración con la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación conocida como “mercado coimas”, dentro de la cual se encuentra imputado el exdirector municipal de Mercados, Adrián Iturri.
El director jurídico de la institución, Carlos Barrios, afirmó que el municipio respondió a los requerimientos formulados por el Ministerio Público y entregó en varias oportunidades la documentación solicitada. Explicó que esta actuación responde a la línea institucional asumida desde el inicio del caso, con el objetivo de aportar al esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación.
Barrios indicó que la causa está en manos de la Fiscalía Departamental, instancia encargada de establecer las circunstancias vinculadas a las presuntas irregularidades denunciadas en el área de mercados. En ese marco, precisó que Iturri fue imputado por el delito de estafa y que el proceso continúa en etapa investigativa.
Aunque evitó pronunciarse sobre aspectos que no corresponden directamente a su área, el director jurídico señaló que, de acuerdo con la información que maneja, Iturri estaría suspendido de funciones y sin goce de haberes. Sin embargo, aclaró que esa situación no implica necesariamente un despido ni una desvinculación definitiva de la Alcaldía.
También explicó que la confirmación oficial sobre la situación administrativa del exdirector de Mercados debe ser emitida por la instancia municipal competente, ya que el área jurídica no tiene la atribución de certificar o administrar información laboral de ese tipo.
La situación de Iturri dentro de la estructura municipal está además vinculada a un proceso sumario iniciado en febrero de este año. Ese procedimiento administrativo busca determinar si existió responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y avanza de manera paralela a la investigación penal impulsada por el Ministerio Público.
Desde la Alcaldía se recordó que los sumarios forman parte de los mecanismos habituales de control interno de la administración municipal y que pueden activarse cuando existen denuncias, informes o elementos que ameriten una revisión administrativa. En ese contexto, se explicó que estos procesos no necesariamente son difundidos públicamente mientras permanecen en desarrollo.
Asimismo, se señaló que la apertura de un sumario no establece por sí sola responsabilidad alguna, ya que corresponde a la autoridad competente analizar los antecedentes, recibir descargos y valorar las pruebas antes de emitir una resolución. En cambio, la investigación penal sigue su curso bajo conocimiento de la Fiscalía, que deberá avanzar conforme a las actuaciones previstas por la normativa vigente.
El caso “mercado coimas” generó atención pública por las denuncias relacionadas con presuntos cobros irregulares y la participación de un exfuncionario municipal. En ese marco, la investigación deberá establecer si existieron hechos delictivos, quiénes habrían participado y cuál habría sido el destino de los recursos presuntamente cobrados.
Barrios reiteró que la entrega de documentación requerida es una de las principales formas de colaboración con el proceso fiscal y remarcó que la Alcaldía continuará atendiendo los pedidos de información que realice el Ministerio Público. Mientras tanto, el municipio deberá sostener los procedimientos internos correspondientes y esperar las determinaciones de las instancias competentes sobre la situación administrativa de Iturri y el avance de la causa.
