La carrera de Freddy Vidovic como ministro de Justicia llegó a un abrupto final tras confirmarse una condena penal firme que le impone tres años de privación de libertad por la comisión de al menos dos delitos. La información fue ratificada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien aseguró que Vidovic queda inhabilitado para ocupar cargos públicos debido a esta sentencia ejecutoriada.

Oviedo explicó que una condena de esta naturaleza conlleva la suspensión de los derechos ciudadanos del condenado, lo que impide tanto su derecho al voto como la posibilidad de ser elegido para funciones públicas. Esta situación fue confirmada tras un informe emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, cuya presidencia, bajo Romer Saucedo, ordenó verificar los antecedentes judiciales del ministro.

Según detalló el ministro de Gobierno, la sentencia data de mayo de 2015 y fue dictada por el entonces juez primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Román Cordero, mediante un procedimiento abreviado. La resolución 192/2025 establece la condena por delitos que incluyen favorecimiento a la evasión y cohecho activo. Vidovic renunció a una apelación restringida, lo que dejó la sentencia en firme.

El documento fue certificado por el juzgado correspondiente y entregado oficialmente al presidente del Estado, Rodrigo Paz. Oviedo destacó que esta situación implica la privación de derechos políticos y ciudadanas para Vidovic, quien aún mantiene su cargo ministerial.

Un aspecto que llamó la atención de las autoridades fue la ausencia de esta condena en el Registro de Reincidencia y Antecedentes Penales (Rejap), lo que genera la necesidad de una investigación adicional para esclarecer esta omisión.

La revelación ha provocado un fuerte impacto en el ámbito político, afectando directamente a un miembro del gabinete presidencial. Aunque el ministro de Gobierno evitó emitir juicios adicionales, señaló que la decisión final sobre el futuro de Vidovic corresponde al presidente Paz.

En las próximas horas se espera una definición respecto a la permanencia o destitución del ministro de Justicia, en un contexto de creciente presión política e institucional. Cabe recordar que, poco después de su nombramiento, se conoció la existencia de esta sentencia, aunque en ese momento recibió el respaldo del vicepresidente Edmand Lara

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