El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, reveló que durante sus primeros ocho días en el cargo identificó diversas irregularidades en la administración del presupuesto estatal. Entre las anomalías detectadas, destacó que varios funcionarios percibían salarios elevados, entre 9.000 y 15.000 bolivianos, desempeñándose como delegados en diferentes departamentos, aunque sus labores no eran recurrentes ni claramente definidas.
Linares explicó que en cada departamento existían entre cinco y seis empleados asignados a las oficinas de la Delegación Presidencial. En las principales ciudades, como Santa Cruz y Cochabamba, estas oficinas contaban con seis integrantes, mientras que en otras regiones como Pando y Oruro el número de funcionarios era menor, con tres y cuatro personas respectivamente.
Los sueldos de estos empleados oscilaban entre 9.000 y 15.000 bolivianos, y el único requisito para ocupar estos cargos era contar con educación secundaria completa. La estructura típica de estas delegaciones incluía un delegado, un comunicador o comunicadora y un administrativo.
Al indagar sobre las funciones específicas de estos trabajadores, Linares constató que sus actividades se limitaban a recibir al presidente Luis Arce durante sus visitas departamentales, coordinar reuniones con movimientos sociales, apoyar en eventos feriales y realizar seguimiento a conflictos locales. Según el viceministro, estas designaciones habrían sido realizadas de manera discrecional por ministros o viceministros, con un enfoque principalmente político.
En total, aproximadamente 48 personas laboraban en las ocho oficinas departamentales bajo esta modalidad, representando un gasto mensual para el Estado de alrededor de 350.000 bolivianos. Ante esta situación, Linares anunció que estas oficinas serán eliminadas para optimizar el uso de recursos públicos.
Además, el viceministro señaló que en la Dirección de Gestión Pública existían cargos con remuneraciones que alcanzaban entre 17.000 y 19.000 bolivianos, ocupados por un director y un jefe de unidad que, sin embargo, carecían de conocimientos adecuados en gestión pública, lo que también genera preocupación sobre la eficiencia en la administración estatal
