El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, alertó sobre una situación preocupante que enfrenta el país debido a dos procesos de arbitraje internacional vinculados a la Gestora Pública. Según indicó, estos conflictos podrían ocasionar pérdidas superiores a los 170 millones de dólares si no se resuelven favorablemente.
Durante un acto con productores cañeros en Santa Cruz, el mandatario informó que uno de los arbitrajes podría implicar un perjuicio de 94 millones de dólares, mientras que el otro asciende a 77 millones de dólares. Ambos casos están relacionados con empresas que gestionaban las pensiones de los bolivianos, aunque no se revelaron los nombres específicos de las compañías involucradas.
Además del monto reclamado, Paz destacó que existen deudas significativas con los abogados internacionales encargados de representar a Bolivia en estos procesos, quienes incluso han manifestado su intención de retirarse debido a la falta de pagos.
Estas declaraciones se producen en medio de un intenso debate sobre la administración de los fondos de la Gestora Pública. Días antes, el presidente había señalado que los aportes no se encontraban en la Gestora y que supuestamente habían sido utilizados, lo que generó una respuesta inmediata del exgerente de la institución, Jaime Durán. Este último aseguró que los fondos no solo permanecen intactos, sino que han crecido considerablemente, atribuyendo las declaraciones oficiales a información errónea proporcionada a Paz.
En respuesta, el presidente calificó a Durán de “granujón” y lo acusó de seguir instrucciones para malversar los recursos, además de señalar que las exautoridades dejaron procesos arbitrales en riesgo y pagos pendientes con los abogados internacionales.
El gobierno anunció que en los próximos días se proporcionarán mayores detalles sobre estos procesos arbitrales, mientras la discusión nacional sobre la situación financiera y la gestión de los aportes jubilatorios continúa en aumento
