La aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2027 sigue generando tensión entre la Gobernación de Tarija y la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT), en medio de protestas de distintos sectores que exigen que el presupuesto sea tratado. Mientras desde el órgano legislativo se insiste en que el documento no avanzará hasta que sea socializado de manera más amplia, la Gobernación advierte que la demora podría afectar programas sociales, proyectos municipales y otras iniciativas incluidas en la planificación departamental.
El presupuesto en discusión asciende a 595.477.378 bolivianos. De ese total, según la Secretaría de Economía y Finanzas de la Gobernación, 383.732.970 bolivianos están destinados a Inversión General, 111.566.185 bolivianos al Servicio de la Deuda y 100.176.223 bolivianos a gastos corrientes.
La controversia se intensificó luego de las movilizaciones impulsadas por sectores como la Federación de Campesinos y el Sindicato de Trabajadores del Sedeca, que salieron a exigir la aprobación del POA. Sin embargo, desde la ALDT se advirtió que no existen condiciones para sesionar mientras no se garantice una socialización suficiente del documento. Por ahora, no existe una fecha definida para retomar su tratamiento.
El presidente de la bancada de Patria, Rodrigo Delgado, sostuvo que varios sectores, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y guías de turismo, desconocen el alcance real del POA 2027. A su criterio, esa situación obliga a abrir espacios de diálogo antes de avanzar con la aprobación.
Delgado planteó la necesidad de instalar mesas de trabajo en las que la Gobernación exponga el contenido del presupuesto y logre un respaldo efectivo de los sectores que hoy observan el proceso. Aclaró, además, que su bancada no busca frenar ni rechazar el documento, pero insistió en que debe responder a las necesidades de la población.
“No estamos pidiendo nada fuera de lo común, nada fuera de la normativa. El Estatuto, la Ley 139 habla de este enfoque de participación ciudadana, esto quiere decir que el Presupuesto tiene que ser construido en base a lo que demandan los sectores”, señaló el asambleísta.
También remarcó que esperan una reunión técnica con la Gobernación y los sectores involucrados para explicar el alcance del presupuesto y despejar dudas sobre su contenido.
Desde la Gobernación, el secretario de Economía y Finanzas, Fernando Romero, advirtió que la demora en la aprobación del POA 2027 no solo afecta a la administración departamental, sino también a la Asamblea y a los sectores que tienen demandas incorporadas en programas y proyectos.
Romero mencionó iniciativas como el Prosol, el programa Pro Campo, incentivos y emprendimientos rurales, mejoramiento de riego, mantenimiento de caminos, salud y canastas alimentarias. Según explicó, el 70% del POA 2027 está orientado a inversión productiva y social.
El funcionario indicó que el plazo para presentar el presupuesto ante el Ministerio de Economía venció el pasado viernes 11 de septiembre, aunque todavía existe un margen para complementar el documento. No obstante, advirtió que mientras más se retrase su envío, mayor es el riesgo de que el POA no sea incluido en el Presupuesto General y termine sujeto a una ley nacional.
Romero también rechazó que haya faltado socialización del presupuesto. Aseguró que el documento fue expuesto a distintos sectores, entre ellos salud, turismo y campesinos, que ahora reclaman su aprobación. Según dijo, esas organizaciones participaron en el proceso y sus demandas quedaron plasmadas en programas y proyectos.
En esa línea, defendió que el POA 2027 no está orientado a incrementar el gasto corriente, sino a priorizar proyectos de inversión productiva y social, desarrollo productivo, innovación tecnológica, emprendimientos económicos, riego y mantenimiento de caminos, que serán ejecutados desde la Gobernación, las unidades descentralizadas y las subgobernaciones.
