El Viceministerio de Transparencia Institucional ha implementado un nuevo sistema para recibir denuncias de corrupción que garantiza la protección de la identidad de los denunciantes. Este mecanismo, accesible mediante un código QR, tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana y salvaguardar a quienes decidan reportar irregularidades. Según informó el titular de esta dependencia, Yamil García Delfín, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acumula actualmente 73 denuncias relacionadas con presuntas conductas irregulares.
El procedimiento consiste en que, al escanear el código QR, la denuncia se envía directamente a un correo institucional sin requerir datos personales como nombres, apellidos o direcciones. De esta manera, se prioriza la investigación de los hechos denunciados sin revelar la identidad de quien reporta. Además, el sistema permite que los denunciantes soliciten explícitamente la reserva de su identidad para evitar posibles represalias.
Esta iniciativa coincide con la reciente creación de la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, anunciada por el Ejecutivo, la cual se encargará de indagar los casos de corrupción relacionados con YPFB, sector que ha sido señalado con un número significativo de denuncias. El viceministro García enfatizó que el propósito es evitar prácticas opacas del pasado y brindar un canal seguro y accesible para que funcionarios actuales, exfuncionarios y cualquier ciudadano que posea información relevante pueda presentar sus denuncias.
Asimismo, se adelantó que la Comisión de la Verdad no se limitará exclusivamente al sector hidrocarburos, sino que también investigará otros episodios controvertidos del pasado, tales como la compra del avión presidencial en 2010, la adquisición de barcazas chinas, radares, el sistema SIDACTA y otros proyectos cuestionados. Esta fase inicial estará centrada en la recopilación de denuncias, incluyendo aportes provenientes del periodismo de investigación, que en ocasiones ha suplido la falta de acción de otras instituciones.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, apostando por herramientas que faciliten la denuncia directa y protegida, en un esfuerzo por combatir la corrupción dentro de las instituciones públicas
