El gobierno boliviano enfrenta un reto significativo en su combate contra el crimen organizado, luego de que un informe revelara un aumento considerable en la producción de hoja de coca en el país, vinculada directamente al narcotráfico. Según el documento, los cultivos han crecido de manera exponencial, evidenciando una problemática arraigada durante las últimas dos décadas.
El canciller Fernando Aramayo indicó que el informe aporta una visión detallada y compleja sobre la magnitud del fenómeno, confirmando la existencia de una estructura criminal que operó bajo un aislamiento que facilitó el desarrollo de actividades ilícitas. Destacó que el aumento del 141% en los cultivos, con 395 toneladas métricas proyectadas para 2024 frente a las 32 toneladas métricas registradas en 2004, refleja la envergadura del desafío que enfrenta el Estado.
Asimismo, Aramayo señaló que estos volúmenes abastecen un mercado internacional, especialmente en la Unión Europea, donde el precio promedio del kilo de cocaína ronda los 90.000 dólares. Esto genera, según cálculos oficiales, una economía ilegal que podría alcanzar los 2.000 millones de dólares anuales.
El canciller enfatizó que el informe no solo presenta cifras, sino que también demanda una respuesta inmediata en políticas públicas. En este sentido, mencionó que el presidente Rodrigo Paz Pereira ha ordenado a su gabinete actuar con rapidez para desmantelar lo que se ha denominado un “narcoestado” de dos décadas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha subrayado la importancia de incorporar estos datos en la estrategia estatal, con la lucha contra el crimen organizado como prioridad a corto plazo.
Además, Aramayo resaltó la intención de Bolivia de salir de los esquemas de gobernanza criminal que la han colocado en listas internacionales de alto riesgo, como la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Explicó que el desafío va más allá del control de cultivos, implicando la implementación rigurosa de las recomendaciones del informe, entre las que figura la creación de una fuerza especial para combatir la corrupción, considerada fundamental para desarticular las redes del narcotráfico y su vinculación con estructuras estatales vulnerables.
El canciller también valoró el apoyo técnico y estratégico proporcionado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el sistema de Naciones Unidas, que contribuyen a desarrollar alternativas sostenibles en las regiones productoras de coca.
Finalmente, Aramayo afirmó que Bolivia busca romper con los circuitos ilegales y recuperar su institucionalidad, subrayando que el informe representa no solo un diagnóstico, sino una hoja de ruta que exige una acción decidida por parte del Estado
