La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) llevó a cabo recientemente una inspección técnica en las áreas mineras conocidas como TNT 1 y TNT 4, ubicadas en los municipios de Potosí, Puna y Caiza “D”, dentro de las provincias Tomás Frías y José María Linares. Esta acción se realizó en respuesta a un proceso de amparo administrativo minero solicitado por la empresa Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda., que evidenció la existencia de actividades extractivas no autorizadas y la ocupación irregular de terrenos que cuentan con titularidad legal.
El equipo técnico y jurídico de la AJAM encontró durante su inspección una serie de bocaminas, infraestructura precaria y equipos destinados a la explotación minera, así como maquinaria pesada y acopio de mineral. Estos hallazgos demuestran que las operaciones se están llevando a cabo al margen de la normativa vigente, lo cual resulta preocupante desde el punto de vista legal y ambiental.
La verificación realizada por la AJAM indica que estas actividades ilegales se desarrollan dentro de zonas que ya están legalmente constituidas para la minería. Este escenario no solo implica un avasallamiento de derechos mineros vigentes, sino que también pone en riesgo el orden establecido en el sector. La magnitud de las operaciones ilegales detectadas ha sido calificada como significativa, y se destacó que en gestiones anteriores no fue posible acceder a esta zona debido a la presencia de presuntos avasalladores.
Ante esta situación, la AJAM ha decidido iniciar acciones penales contra los responsables involucrados en la explotación ilegal, actuando conforme a la normativa vigente con el objetivo de restablecer el orden legal y proteger los derechos mineros ya establecidos. La institución también anunció su compromiso para dar continuidad al seguimiento del caso dentro del procedimiento administrativo correspondiente, lo que implica un reforzamiento en las acciones de control y fiscalización para asegurar el cumplimiento de la Ley de Minería y Metalurgia.
Esta intervención forma parte del esfuerzo sostenido por parte de la AJAM para fortalecer la seguridad jurídica en el país y prevenir la explotación ilegal de recursos minerales. A través de estas acciones, se busca garantizar un marco adecuado para el desarrollo sostenible del sector minero, protegiendo tanto los derechos legítimos de los titulares como los recursos naturales del país.
