La Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz ha solicitado formalmente la activación de mecanismos de cooperación internacional, comenzando con las autoridades chilenas, tras la detección de un cargamento de 700 kilos de cocaína que fue enviado desde Bolivia con destino a Barcelona, España.
Esta petición se enmarca en las investigaciones conjuntas que llevan adelante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público, luego de que el 22 de diciembre de 2025 las autoridades del puerto de Arica informaran sobre el hallazgo de la droga, que estaba oculta de manera sofisticada dentro de madera destinada a la exportación.
No obstante, la colaboración internacional no se limitará a Chile. La Fiscalía tiene previsto extender las solicitudes de cooperación a otros países con el fin de esclarecer todas las implicaciones del caso y desarticular la red criminal involucrada.
Según informes de inteligencia de la Felcn, el contenedor con la carga ilícita salió de Bolivia el 25 de octubre, en un periodo en el que la fuerza antidrogas estaba bajo diferentes autoridades. El cargamento consistía en un contenedor con 19,5 toneladas de madera, que fue incautado en Arica tras confirmarse que la madera estaba impregnada con clorhidrato de cocaína.
Las investigaciones comenzaron en Santa Cruz, bajo la responsabilidad de la Felcn y la Fiscalía. Se determinó que la madera fue despachada por la empresa Exportmader Bolivia SRL, con sede en esa ciudad, que cuenta con certificación forestal de origen y otras autorizaciones administrativas otorgadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
Desde 2018, Exportmader Bolivia SRL ha realizado 152 exportaciones de diversos tipos de madera a países como Estados Unidos, España, Israel, China y Uruguay. En el marco de las pesquisas, fue detenida Rosio Esther Coca Gutiérrez, representante legal de la empresa y responsable de autorizar las exportaciones. La Fiscalía la imputó por tráfico de drogas y solicitó su detención preventiva ante la existencia de pruebas suficientes.
La imputada fue presentada ante un juez cautelar el 31 de diciembre, quien tras analizar los argumentos, ordenó su detención preventiva por 60 días en la cárcel de Palmasola. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión para solicitar una extensión del plazo hasta 180 días.
Mientras tanto, la Felcn y el Ministerio Público continúan con allanamientos y el secuestro de dispositivos móviles, cuyo análisis es clave para avanzar en la investigación sobre el envío del cargamento de droga
