El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas informó sobre la detección de diversas irregularidades y presuntos actos de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que han derivado en investigaciones judiciales, imputaciones formales y detenciones preventivas. Las autoridades enfatizaron su postura de cero tolerancia frente a cualquier mal manejo de recursos públicos, especialmente aquellos destinados a garantizar la seguridad alimentaria.
Durante una conferencia, el titular del ministerio destacó que desde el inicio de la gestión ya se contaba con indicios que motivaron la intervención y auditorías en Emapa. Actualmente, más de veinte personas están siendo investigadas, entre exfuncionarios y familiares, mientras la justicia evalúa el grado de responsabilidad de cada uno.
Entre los casos más relevantes se encuentra el proyecto de la planta para la transformación, acopio y almacenamiento de papa, con una inversión aproximada de 148 millones de bolivianos. En esta causa, se investigan presuntos delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. El exgerente de la empresa estatal, quien se encuentra en detención preventiva, es uno de los principales implicados.
Otro proceso en curso es el denominado caso Harina 1, que indaga el posible desvío de 3,4 millones de bolivianos destinados a la adquisición de harina subvencionada, la cual habría sido comercializada a precios superiores a los autorizados. En este expediente también están involucrados exfuncionarios de Emapa y un exdirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia, quien permanece bajo detención preventiva.
La investigación se amplió con el caso Harina 2, debido a la complejidad y alcance del presunto esquema irregular. Este caso involucra a exautoridades tanto de Emapa como del Ministerio de Desarrollo Productivo, además de familiares de los implicados. Los cargos incluyen contratos perjudiciales para el Estado, tráfico de influencias, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y uso indebido de bienes públicos.
Asimismo, se indaga la situación de la planta piscícola en el lago Titicaca, proyecto valorado en 87,7 millones de bolivianos que aún no ha sido concluido. El exgerente señalado en otros casos también es investigado por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en esta obra.
Las investigaciones también abarcan presuntas irregularidades en nombramientos de personal, detectándose designaciones de funcionarios sin la debida formación académica ni experiencia, lo que habría afectado áreas técnicas fundamentales de la empresa.
En total, cerca de veinte personas, entre exfuncionarios de Emapa, exautoridades ministeriales, dirigentes gremiales y familiares, están siendo investigadas en distintos procesos administrativos y penales que incluyen destituciones y medidas cautelares.
El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas reiteró su compromiso de remitir todos los casos al Ministerio Público para que se realicen las imputaciones correspondientes, se establezcan responsabilidades y se cuantifique el daño económico ocasionado. Las auditorías, investigaciones y reportes técnicos serán entregados a la Fiscalía para que la justicia actúe conforme a su independencia y competencia.
Las autoridades señalaron que los montos involucrados ascienden a varios millones de bolivianos, presuntamente desviados y vinculados a enriquecimiento ilícito, aunque será el sistema judicial quien determine las responsabilidades definitivas
