La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia) ha declarado un estado de emergencia tras denunciar una restricción impuesta por el Gobierno nacional que limita al 20% el uso de los recursos disponibles en los presupuestos vigentes de los municipios. Esta medida, que reduce en un 80% la disponibilidad presupuestaria para cada partida y programa, ha sido calificada por la Federación como inesperada, carente de justificación técnica y sin respaldo legal.
Mediante una carta formal dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los alcaldes y concejales de las nueve regiones del país solicitaron la eliminación inmediata de esta limitación, argumentando que la restricción asfixia la gestión local y pone en peligro la atención de necesidades básicas de la población. El presidente de la FAM Bolivia, Flavio Merlo Maydana, destacó que una reducción de esta magnitud constituye una intromisión directa en la autonomía municipal, afectando programas esenciales como el desayuno escolar y la adquisición de medicamentos.
En su municipio, con un presupuesto anual de aproximadamente 13 millones de bolivianos, Merlo explicó que la aplicación de esta restricción dejaría disponibles solo alrededor de 2,5 millones, lo que impactaría negativamente en la ejecución de proyectos planificados. Ante esta situación, la Federación ha convocado a una reunión nacional con alcaldes y concejales para analizar la problemática y evaluar posibles acciones de protesta en caso de no obtener respuesta favorable.
Desde Santa Cruz, el presidente de la Asociación de Municipios (Amdecruz) y alcalde de Yapacaní, Juan Carlos Valles, manifestó su rechazo a la medida, señalando que los informes económicos municipales revelan que solo se está habilitando el 20% de los recursos planificados. Valles, junto a una delegación de alcaldes, sostuvo encuentros con autoridades del Ministerio de Economía y del Viceministerio de Autonomías para buscar aclaraciones sobre la restricción. El dirigente advirtió que esta limitación podría generar un levantamiento de los municipios debido a la afectación de servicios esenciales como salud, educación y aseo urbano.
El origen de esta medida se encuentra en un comunicado oficial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que establece un límite temporal al compromiso de gastos municipales del 20%, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 5503, emitido en diciembre de 2025 en respuesta a una emergencia económica, financiera, energética y social en el país. La restricción busca garantizar la sostenibilidad financiera del sector público y priorizar gastos indispensables para la continuidad operativa de las instituciones. Sólo en situaciones excepcionales y previa evaluación, se podrá autorizar un porcentaje mayor al 20%.
En este contexto, la Gobernación de Santa Cruz informó que está gestionando la habilitación de créditos adicionales para cubrir gastos prioritarios e ineludibles relacionados con la operatividad institucional. Esta medida se mantendrá hasta que se realice la modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, prevista para los primeros meses del año, con la expectativa de obtener una mayor asignación presupuestaria para las gobernaciones.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Coronado, indicó que el Gobierno trabaja en la reformulación del PGE 2026, enfocándose en priorizar la inversión productiva y reducir el gasto público. El objetivo es incorporar los efectos de las recientes medidas económicas, analizar y disminuir gastos corrientes excesivos o ineficientes, y reorientar los recursos hacia inversiones productivas. La presentación del presupuesto modificado está prevista para febrero, en un plazo considerado ajustado pero necesario.
Hasta el momento, no se ha definido la fecha, hora ni lugar para la reunión nacional convocada por la Federación de Asociaciones Municipales para abordar esta situación
