El Ministerio Público presentó formalmente cargos contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora, por presunto enriquecimiento ilícito. Asimismo, solicitó su detención preventiva por un periodo de seis meses en el Penal de San Pedro, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El fiscal especializado en casos de corrupción, Miguel Cardozo, explicó que la imputación se basa en diversas pruebas que vinculan al acusado con la adquisición de una vivienda tipo penthouse y dos vehículos de lujo en La Paz, además de siete propiedades adicionales ubicadas en el departamento de Santa Cruz.
De acuerdo con Cardozo, la Fiscalía ha solicitado la medida cautelar de detención preventiva tomando en cuenta los elementos recabados hasta el momento. La decisión final sobre esta solicitud quedará en manos de un juez cautelar, quien establecerá la fecha para la audiencia correspondiente.
Las investigaciones revelaron registros de transferencias bancarias desde las cuentas de Arce Mosqueira hacia empresas constructoras responsables de la venta de los inmuebles y vehículos mencionados. Estos movimientos financieros, junto con la documentación relacionada a las compras, no coinciden con los ingresos declarados por el imputado, según la Fiscalía. Además, se ordenará la anotación preventiva sobre estos bienes para garantizar la integridad del proceso judicial.
Paralelamente, la Fiscalía ha iniciado diligencias adicionales en Santa Cruz para profundizar en el caso, y confirmó que existe una alerta migratoria contra el imputado. Recientemente, se llevaron a cabo allanamientos en una propiedad vinculada a Arce Mosqueira en la zona de Obrajes, con el objetivo de recolectar más pruebas y documentos relevantes para la investigación.
El proceso se desarrolla bajo la figura penal de enriquecimiento ilícito, y las autoridades continuarán realizando peritajes financieros y patrimoniales para esclarecer el origen de los recursos utilizados en las adquisiciones cuestionadas. La defensa del imputado tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos durante la audiencia cautelar que definirá su situación legal
