La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra emitió un comunicado oficial en respuesta a la imputación presentada por el Ministerio Público en el marco del caso conocido como pavimento. En el documento, las autoridades municipales cuestionaron con firmeza la acusación, calificándola como una interpretación forzada y distorsionada de los hechos, basada en una lectura errónea del informe elaborado por la Contraloría General del Estado. Según la administración local, dicho informe no establece la existencia de delitos ni irregularidades penales en la ejecución de las obras públicas evaluadas.
El análisis realizado por la Contraloría se centró en una auditoría operacional destinada a verificar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Operativo Anual (POA) 2023. En este sentido, la Alcaldía enfatizó que la auditoría tuvo un carácter técnico y específico, orientado a constatar si se alcanzaron los resultados previstos en las metas establecidas para ese periodo, sin que ello implique necesariamente la detección de actos ilícitos o irregularidades administrativas graves. Por ello, desde la administración municipal sostienen que no existe fundamento técnico para sostener la imputación que involucra al alcalde Jhonny Fernández.
En su declaración pública, las autoridades locales reiteraron que el informe de la Contraloría no hace referencia a elementos como pavimentos no ejecutados, obras fantasma ni pagos por trabajos no realizados. Esta precisión cobra relevancia ante las acusaciones que apuntan a posibles manejos irregulares o corrupción en proyectos vinculados al pavimento urbano. Al descartar estas irregularidades, la Alcaldía busca desmontar cualquier presunción que pueda derivar en cargos penales contra el alcalde y otros funcionarios implicados.
El contexto de esta situación se da dentro del proceso judicial que enfrenta el alcalde Jhonny Fernández, quien está siendo investigado por supuestas irregularidades en contratos y ejecución de obras públicas relacionadas con pavimentos. La imputación del Ministerio Público representa un paso formal dentro de este proceso legal; sin embargo, la defensa municipal sostiene que dicha acción carece de sustento técnico y jurídico suficiente, basándose únicamente en interpretaciones erróneas del informe oficial. Esta discrepancia entre las instituciones refleja tensiones propias de investigaciones complejas sobre gestión pública y transparencia.
La relevancia de este pronunciamiento radica en su impacto sobre la percepción pública y política respecto al manejo administrativo del gobierno municipal. Al desestimar categóricamente las imputaciones penales basadas en el informe contralor, la Alcaldía busca preservar su imagen institucional y garantizar que los procesos legales se desarrollen con base en evidencias concretas y no en interpretaciones sesgadas. Además, esta postura contribuye a generar un debate más informado sobre los mecanismos de control y auditoría aplicados a proyectos públicos, así como sobre la responsabilidad administrativa frente a posibles irregularidades.
En suma, la Alcaldía de Santa Cruz reafirma su posición frente al caso pavimento señalando que el informe oficial no respalda acusaciones penales contra sus autoridades. Este pronunciamiento se produce en un momento clave del proceso judicial contra el alcalde Jhonny Fernández, quien próximamente deberá presentarse ante un juez cautelar para continuar con las diligencias legales correspondientes. La continuidad y resolución de este caso serán determinantes para definir responsabilidades y esclarecer los hechos relacionados con la ejecución de obras públicas municipales durante el periodo fiscal evaluado
