En el transcurso de las últimas horas, el departamento de Potosí ha registrado dos nuevas muertes en sus centros mineros, un hecho que vuelve a poner en evidencia la persistente problemática de seguridad en esta actividad económica fundamental para la región. Según un informe oficial difundido recientemente por las autoridades policiales, estas dos víctimas elevan a 38 el número total de fallecimientos ocurridos durante lo que va del año en las explotaciones mineras del área.
El primero de estos trágicos sucesos tuvo lugar al mediodía del 24 de febrero en una mina perteneciente a la cooperativa Ollerías, situada en el emblemático Cerro Rico, un sitio reconocido históricamente por su riqueza mineral y también por los riesgos asociados a su explotación. La víctima fue un joven de apenas 21 años que perdió la vida tras sufrir una caída desde una considerable altura mientras desempeñaba sus labores dentro del interior del yacimiento. Este tipo de accidentes pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que están expuestos los trabajadores mineros, quienes a menudo operan en condiciones precarias y con limitados recursos para garantizar su seguridad.
El segundo caso tuvo lugar en la mina San Jerónimo, ubicada en el municipio de Porco, donde los trabajadores encontraron el cuerpo sin vida de un hombre cuya edad aproximada era de 27 años. Lo particular de este hallazgo es que, según los indicios preliminares recogidos por las autoridades, la data del fallecimiento podría remontarse a al menos dos semanas antes del descubrimiento. Este retraso en el hallazgo plantea interrogantes sobre las condiciones laborales y las prácticas dentro de estas explotaciones mineras. Además, existe una hipótesis inicial que sugiere que la persona fallecida podría haber sido un “jucu”, término local empleado para describir a quienes se dedican al robo ilegal de mineral dentro de las minas. Este dato añade complejidad al caso y refleja también problemáticas sociales vinculadas con la minería informal o irregular.
La cifra total actualizada tras estos nuevos incidentes muestra que entre los 38 fallecidos predominan los hombres, con 34 víctimas masculinas frente a cuatro mujeres. Además, se ha registrado la presencia lamentable de menores de edad entre los muertos, lo cual genera una creciente preocupación sobre la vulnerabilidad y exposición temprana a riesgos mortales dentro del sector minero. La participación o presencia de jóvenes bajo edad legal o sin protección adecuada subraya la necesidad urgente de reforzar controles y políticas destinadas a proteger a estos grupos especialmente susceptibles.
En respuesta a estos hechos, tanto la Policía como el Ministerio Público han intensificado las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon ambos fallecimientos. El objetivo es no solo determinar responsabilidades legales sino también identificar las causas profundas que permitan implementar medidas efectivas para reducir esta alarmante siniestralidad. La persistencia de accidentes fatales en esta actividad económica vital no solo afecta directamente a las familias y comunidades involucradas sino que también impacta negativamente en el desarrollo social y económico del departamento.
Este contexto revela un panorama complejo donde convergen factores como la precariedad laboral, insuficientes protocolos de seguridad, explotación informal o irregular y dificultades para supervisar adecuadamente todas las operaciones mineras. En consecuencia, estos incidentes recientes reavivan el debate sobre la necesidad imperiosa de fortalecer normativas específicas y mecanismos efectivos para proteger la vida y salud de quienes trabajan bajo condiciones tan adversas. Asimismo, invita a reflexionar sobre políticas públicas integrales que aborden no solo los aspectos técnicos sino también sociales vinculados con esta actividad estratégica para Potosí
