La Confederación de Choferes ha declarado un estado de emergencia debido a la grave situación que enfrentan sus agremiados tras el uso de gasolina desestabilizada que ha causado daños significativos en sus vehículos. Este malestar se profundizó luego de que los representantes del sector decidieran abandonar una reunión programada con autoridades gubernamentales, motivados por la ausencia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. La falta de presencia del titular en ese encuentro fue interpretada como una falta de compromiso para atender un problema que afecta directamente la operatividad y economía de los choferes.
Ante esta coyuntura, la Confederación anunció la convocatoria a un ampliado nacional donde las bases del sector definirán las acciones a seguir para exigir soluciones concretas. El dirigente Lucio Gómez advirtió con firmeza que no descartan salir a las calles si no reciben respuestas satisfactorias, evidenciando la gravedad del descontento y la disposición a movilizarse como medida de presión para visibilizar su problemática.
El desencuentro con el Gobierno también se vio marcado por denuncias hacia el vicepresidente Edmand Lara, a quien acusaron de intentar politizar el conflicto. Según Gómez, esta intromisión política no será permitida por el sector, lo que explica en parte la decisión de abandonar la reunión. Este episodio pone en evidencia una tensión entre los representantes del transporte y el Ejecutivo, complicando aún más las posibilidades de diálogo y solución inmediata.
En contraste con esta situación, en La Paz un grupo de choferes logró alcanzar un acuerdo con el Gobierno para iniciar el proceso de resarcimiento por los daños ocasionados por la gasolina desestabilizada. Este avance fue destacado por Santos Escalante, dirigente local, quien reconoció que aunque había mucha preocupación, se logró un entendimiento que podría servir como ejemplo para otros departamentos afectados. Sin embargo, esta conciliación regional no ha logrado apaciguar el malestar generalizado en otras zonas del país.
El problema con la calidad del combustible comenzó a reportarse con mayor frecuencia antes del carnaval y ha generado una crisis en el sector transporte debido a los daños mecánicos provocados en los vehículos. El vicepresidente de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, admitió que no es posible determinar con exactitud el volumen total de gasolina desestabilizada distribuida, aunque señaló que los lotes afectados provienen desde diciembre hasta principios de febrero. Esta dificultad para cuantificar el alcance del problema complica las acciones correctivas y genera incertidumbre entre los choferes sobre el tiempo y forma en que recibirán compensaciones o soluciones efectivas.
La situación actual pone en riesgo no solo la economía individual de los choferes sino también la movilidad y el transporte público en general, sectores vitales para la población. La calidad deficiente del combustible afecta directamente la operatividad diaria y representa un gasto inesperado e injusto para quienes dependen exclusivamente de sus vehículos para trabajar. La emergencia declarada por la Confederación refleja así una problemática estructural que requiere atención inmediata y coordinación efectiva entre autoridades y representantes del transporte para evitar mayores perjuicios sociales y económicos.
En este contexto tenso y complejo, las próximas decisiones tomadas durante el ampliado nacional serán determinantes para definir si las protestas escalan o si se logra establecer canales efectivos de diálogo y reparación. Mientras tanto, los choferes permanecen alertas y movilizados ante una situación crítica que amenaza su sustento laboral y demanda respuestas urgentes por parte del Estado
