El fallecimiento del conscripto Reynaldo Javier Charca ha desencadenado una profunda controversia en el departamento de Pando, donde se encuentra desplegado el Regimiento de Infantería 35 “Bruno Racua”. La muerte del joven soldado ha motivado la apertura inmediata de una investigación por parte del Ministerio Público, que busca esclarecer los hechos en medio de versiones encontradas entre la familia del conscripto y las autoridades castrenses.
El fiscal departamental de Pando, Freddy Durán, confirmó que las pesquisas se encuentran en curso desde el momento en que se tuvo conocimiento del deceso. La investigación incluirá la citación de testigos y la recopilación de evidencias con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias que rodearon la muerte del dragoneante. Esta labor resulta fundamental para dilucidar si el desenlace fue producto de un accidente o si, por el contrario, existen indicios que apunten a responsabilidades penales dentro del ámbito militar.
El cuerpo sin vida del soldado ingresó a la morgue del hospital Roberto Galindo el pasado 10 de marzo. Previamente, el joven había recibido atención médica en el Instituto Médico Legal de Río Branco, Brasil, dada la cercanía geográfica con esta localidad fronteriza. El informe forense indicó que el cadáver presentaba cortes y suturas en zonas como la cabeza, el tórax y el abdomen, características propias de procedimientos realizados durante una autopsia. No obstante, este detalle ha generado inquietud entre los familiares.
Los allegados a Reynaldo Javier Charca han manifestado su desacuerdo con la versión oficial proporcionada por las fuerzas armadas y han denunciado que la muerte podría tratarse de un asesinato. Entre sus argumentos se encuentra la denuncia sobre la entrega del cuerpo sin algunos órganos vitales y sin un informe claro y detallado sobre los resultados forenses. Esta situación ha alimentado aún más las sospechas y exigencias por parte de los familiares para obtener explicaciones contundentes sobre lo ocurrido.
Además, sostienen que el conscripto no presentaba problemas médicos previos ni condiciones que pudieran poner en riesgo su vida durante sus actividades diarias dentro del cuartel. Destacan también que Reynaldo sabía nadar y que había expresado previamente preocupaciones relacionadas con conflictos internos en su lugar de servicio, lo cual abre interrogantes sobre posibles tensiones o situaciones irregulares dentro del regimiento.
Por otro lado, las autoridades militares emitieron un comunicado oficial en el cual detallan su versión sobre los hechos. Según este reporte, la tragedia ocurrió mientras el conscripto realizaba tareas rutinarias de aseo y lavado de ropa cerca del río Rapirrán. En ese contexto, habría sido arrastrado por la corriente del río, lo que habría provocado su fallecimiento por asfixia debido a inmersión. Esta explicación apunta a un accidente fatal durante sus labores cotidianas.
La Policía complementó esta hipótesis al informar que antes de desaparecer en las aguas se escucharon gritos de auxilio provenientes del lugar donde ocurrió el incidente. Estos testimonios refuerzan la teoría oficial sobre un accidente relacionado con una caída al río y dificultan descartar inicialmente esta versión sin una investigación exhaustiva.
Ante esta situación marcada por discrepancias y tensión social, el Ministerio Público ha subrayado su compromiso con una investigación objetiva e imparcial. El proceso busca establecer todos los elementos necesarios para determinar si la muerte fue producto exclusivamente de un hecho fortuito o si existen indicios suficientes para iniciar acciones legales contra responsables dentro o fuera del ámbito militar.
Este caso ha generado gran conmoción en Pando y alrededores, provocando movilizaciones y reclamos por parte de familiares y allegados al conscripto fallecido. Las demandas apuntan a lograr justicia plena y transparencia total respecto a lo sucedido dentro del recinto castrense donde prestaba servicio Reynaldo Javier Charca. La resolución definitiva tendrá implicaciones importantes no solo para quienes están directamente involucrados sino también para fortalecer mecanismos institucionales relacionados con la seguridad y protección de quienes integran las filas militares en condiciones similares
